En solo 19 minutos, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago asestó un golpe al Ministerio Público al decretar el sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP Sergio Jadue Jadue, quien enfrentaba cargos por cuatro delitos relacionados con su gestión al frente del fútbol chileno. La magistrada Paz Reyes Moreno desestimó uno a uno los argumentos presentados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, representada por el fiscal Marcos Paredes, y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que buscaban evitar la prescripción de la causa.
Según la Unidad de Investigación de Bío Bío, el tribunal basó su decisión en que el proceso investigativo permaneció paralizado durante ocho años, mientras el Ministerio Público —cuya indagatoria era liderada por el fiscal Felipe Sepúlveda— esperaba una extradición desde Estados Unidos que nunca se concretó. Este extenso período, dictaminó la magistrada, permitió que la prescripción continuara su curso, a pesar de que la fiscalía argumentó que la falta de extradición impidió avanzar en nuevas diligencias.
En enero de 2017, Sergio Jadue fue formalizado en ausencia por cuatro delitos: dos de declaraciones tributarias maliciosamente falsas y dos de apropiación indebida. Estos cargos se vinculaban a hechos ocurridos durante su presidencia de la ANFP. En el ámbito tributario, la Fiscalía señaló que Jadue omitió declarar ingresos por US$2.196.402 entre 2014 y 2015, recibidos a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Esto habría causado un perjuicio fiscal superior a $522 millones por Impuesto Global Complementario.
Respecto a la apropiación indebida, uno de los hechos investigados se refería al presunto uso de fondos de la ANFP para costear su defensa en el caso “FIFA Gate”. La imputación indicaba que la asociación desembolsó cerca de $184 millones en pasajes aéreos y US$175 mil en honorarios para estudios jurídicos estadounidenses que representaron personalmente a Jadue. Un segundo episodio involucraba $140 millones de la Copa América 2015 que, según la Fiscalía, nunca ingresaron a la ANFP, pese a figurar contablemente como préstamos a un club deportivo.
La formalización también incluía un tercer grupo de hechos, vinculados a préstamos de la ANFP a diversos clubes. Una auditoría detectó operaciones por $3.870 millones y concluyó que $1.402 millones habrían sido cobrados por terceros no beneficiarios originales, mediante cheques al portador y transferencias. Finalmente, la investigación incorporó pagos por $218 millones efectuados por la ANFP al arquitecto Leónidas Laoutari Escaff por servicios sin respaldo suficiente, y parte de los cuales habrían beneficiado directamente la vivienda particular de Jadue en Huechuraba.
La estrategia del fiscal Paredes buscaba convencer al tribunal de que la acción penal seguía vigente, a pesar de los nueve años y medio transcurridos desde la formalización en ausencia y más de diez años desde el último delito imputado. Además, argumentó que la reiteración de los delitos atribuidos (apropiación indebida y tributarios) permitía elevar la pena a un rango de crimen, lo que significaría una potencial condena de más de 5 años y un día de cárcel. Sin embargo, este escenario hipotético no se sostuvo en el tribunal, despejando el camino para el regreso del expresidente de la ANFP.
