El Séptimo Juzgado de Santiago autorizó la salida del país del general en retiro Ricardo Yáñez, quien viajará a Brasil para participar en una cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La condición impuesta para este viaje es el pago de una caución de $2 millones.
La invitación a Yáñez provino de Eduardo Vergara, actual jefe de la División de Seguridad Ciudadana y la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, y quien se desempeñó como subsecretario de Prevención del Delito en el Gobierno de Gabriel Boric. Este permiso judicial es relevante, dado que Yáñez enfrenta la causa “Alto Mando”, donde se le imputan más de 200 delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.
Actualmente, Ricardo Yáñez ejerce como director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal (Ceges) de la Asociación Chilena de Municipalidades. La solicitud para levantar su arraigo nacional y firma mensual, medidas cautelares en su contra, fue presentada por su abogado Jorge Martínez Cornejo.
El escrito de defensa argumentó la “trayectoria policial” de Yáñez y la importancia de su participación para la Asociación de Municipalidades, que colabora activamente en la seguridad territorial. La carta de invitación, fechada el 23 de julio y firmada por Eduardo Vergara, detalla que la cumbre en Brasilia reunirá a autoridades y representantes regionales para dialogar sobre “Sistemas Penitenciarios Inteligentes contra el crimen organizado: innovación y cooperación”. El encuentro se realizará entre el 5 y el 6 de agosto.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se llevó a cabo este viernes ante la jueza Carla Capello. Durante la sesión, el Ministerio Público acordó con la defensa de Yáñez una fianza de $2 millones. Mientras algunos querellantes se opusieron, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dejó la decisión “a criterio del tribunal”, según fuentes presentes.
La jueza Capello finalmente aceptó la solicitud, fijando la fianza en $2 millones. Este monto contrasta con la caución de $150 millones impuesta la semana anterior por el mismo tribunal a Sergio Yáber, conservador de Puente Alto imputado en el Caso Muñeca Bielorrusa, quien solicitó viajar a Argentina por un asunto personal.
Luego de la audiencia, la abogada querellante Karinna Fernández calificó de “inaceptable” la determinación y anunció que apelará. “Lo más grave y doloroso es que la magistrada fundamentó esta autorización en la postura permisiva del Ministerio Público y, muy especialmente, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); un organismo que, tensionado por debates sobre su presupuesto y rol, incumple flagrantemente sus obligaciones de garantía y protección”, aseveró Fernández.
La abogada también criticó la “nula colaboración de Yáñez en la investigación” y dijo que la situación evidenciaba “redes de influencia”.
