La Comisión de Hacienda del Senado dio luz verde a una propuesta clave dentro de la megarreforma gubernamental: el llamado “derecho al olvido” bancario. Esta medida, que ahora pasará a votación en la Sala, busca redefinir la forma en que bancos y entidades financieras manejan la información crediticia de las personas.
La indicación aprobada obliga a las instituciones financieras a borrar de sus registros internos y de cualquier comunicación a terceros, los datos sobre deudas impagas o ya extinguidas de personas naturales. Esto deberá ocurrir una vez transcurridos cinco años desde que tales deudas fueron exigibles o prescribieron legalmente.
Además, la normativa prohíbe explícitamente el uso de estos antecedentes —incluyendo deudas ya saldadas o caducadas— para negar el acceso a nuevos créditos, productos financieros o incluso la apertura de cuentas. La senadora socialista Daniella Cicardini, una de las impulsoras de la iniciativa, enfatizó que el objetivo central es poner fin a las históricas “listas negras” bancarias.
“Lo que buscamos con esta indicación es borrar a todas aquellas personas con deudas ya pagadas o prescritas de las verdaderas listas negras discriminadoras que manejan internamente los bancos”, sostuvo Cicardini.
En el mismo sentido, la senadora Beatriz Sánchez (FA) explicó que la propuesta permitirá la eliminación de antecedentes comerciales, bancarios, financieros y económicos de individuos relacionados con deudas impagas o extinguidas, una vez cumplido el plazo de cinco años.
Desde el sector financiero, sin embargo, surgieron fuertes reparos. Advierten que la eliminación de esta información no solo de registros públicos, sino también de las bases de datos internas, dificultaría severamente la evaluación de riesgo de los solicitantes de financiamiento. Argumentan que podría llevar a la supresión de datos sobre deudas que aún poseen validez jurídica, limitando la capacidad de evaluar el comportamiento crediticio.
El gremio proyecta que esta medida podría generar un efecto adverso al deseado: en lugar de facilitar el acceso, las instituciones financieras podrían verse forzadas a endurecer los requisitos para conceder créditos o exigir mayores garantías, lo que impactaría negativamente los esfuerzos por ampliar la inclusión financiera en el país. La discusión en la Sala del Senado será crucial para definir el futuro de esta controvertida iniciativa.
