La izquierda chilena, que por años criticó al Tribunal Constitucional (TC) por anular leyes clave, hoy observa cómo ese mismo organismo parece volverse favorable a sus intereses. Este cambio de postura se da tras un largo historial de frustraciones, donde proyectos reformistas eran sistemáticamente rechazados por el TC, al que el abogado constitucionalista Fernando Atria describió como una institución para “arrebatarle al pueblo su poder de decisión” y parte de la “trampa” de la Constitución de 1980.
Durante décadas, el TC funcionó como una «Tercera Cámara», bloqueando leyes que buscaban empoderar a los ciudadanos o reformar los mercados, sin importar el consenso parlamentario. Se le comparaba con Caribdis, el monstruo mitológico que devoraba embarcaciones, pues era visto como un torbellino jurídico que hundía cualquier iniciativa reformista de izquierda. Sin embargo, la actual coyuntura política ha transformado a esta «Caribdis» en una corriente que ahora impulsa a quienes antes la maldecían, un giro que revela la naturaleza cambiante del poder institucional.
La memoria oficialista aún guarda con resentimiento los fallos del tribunal. En 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, la Ley de Subcontratación fue parcialmente invalidada. El senador Andrés Allamand recurrió al TC, que eliminó el artículo sobre el “concepto de empresa” que buscaba solucionar el problema del “multirut”. Camilo Escalona, entonces presidente del PS, acusó al TC de ser un “poder fáctico” que pasaba por encima de la voluntad popular.
Dos años más tarde, en 2008, el TC intervino directamente en la política sanitaria, prohibiendo la distribución de la píldora del día después en el sistema público, tras un requerimiento de 31 diputados de la Alianza por Chile. Este fallo, calificado de “confesional” por su tinte moral, provocó un rechazo masivo y se convirtió en un símbolo de la extralimitación del tribunal.
La anulación de proyectos continuó en gobiernos posteriores. El segundo mandato de Bachelet vio cómo la gratuidad en la educación, un logro celebrado, fue extendida por el TC a universidades privadas antes cuestionadas por la izquierda, bajo el argumento de evitar la “discriminación arbitraria”. Del mismo modo, la reforma al Sernac, que buscaba fortalecer sus atribuciones fiscalizadoras, quedó desdentada tras la revisión constitucional, argumentando que atentaba contra las reglas del juego. Estos episodios marcan un pasado de conflicto que contrasta con la actual reconfiguración de fuerzas dentro del sistema jurídico chileno.
