El Ministerio Público ha intensificado su investigación sobre el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, por presuntos pagos de más de $68 millones del Congreso Nacional a supuestos “asesores fantasma”. Este miércoles, el exparlamentario fue nuevamente formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente por el delito de fraude al fisco reiterado.
La acusación sostiene que Lavín León habría orquestado un call center electoral utilizando fondos públicos. Para ello, habría contratado a siete asesores con cargo al Congreso, quienes, según la indagatoria, dedicaron su jornada laboral a campañas políticas vinculadas a la Unión Demócrata Independiente (UDI). Al menos tres de ellos trabajaron desde la oficina de campaña de su padre, Joaquín Lavín Infante, durante su campaña presidencial de 2021.
La fiscal Constanza Encina Calquín lidera la investigación, que indica que Lavín León instruyó a su equipo parlamentario a gestionar bases de datos y realizar propaganda telefónica. Sin embargo, la defensa del exdiputado niega estas acusaciones, afirmando que no se usó dinero fiscal para campañas y que la recopilación de datos era exclusivamente para labores parlamentarias.
El principal perjuicio fiscal atribuido a Lavín León, según reveló la Unidad de Investigación de Bío Bío, está relacionado con SocialTazk. Esta plataforma digital, creada en 2018, servía para el manejo de bases de datos y el envío masivo de mensajes de texto con contenido político. La Fiscalía sostiene que el objetivo era usarla en campañas propias y de la UDI.
Entre julio de 2018 y agosto de 2019, Lavín León contrató al desarrollador de SocialTazk como asesor legislativo y luego rindió los gastos de la plataforma al Congreso. La investigación se amplió al descubrir que el Congreso también había contratado a otros siete “asesores” cuya función, según el Ministerio Público, era operar la maquinaria electoral del exdiputado.
Uno de los asesores más comprometidos es Arnaldo Domínguez Vallejos, considerado el brazo derecho de Lavín León. A pesar de supuestamente dedicarse a tareas de campaña, recibió casi $30 millones del Congreso entre marzo de 2020 y agosto de 2021. Domínguez, al igual que Lavín León, cumple prisión preventiva, aunque en un recinto diferente, situación que su defensa busca cambiar por motivos de salud. Su situación cautelar se revisará el 31 de julio, misma fecha que la de Lavín.
Otras asesoras bajo escrutinio son Aída Olivares Olivera, con pagos cuestionados de $7,7 millones entre agosto de 2020 y julio de 2021, por supuestamente dedicarse a aumentar la base de datos de SocialTazk; Ilse Palma Pino ($7,3 millones); e Irene Vera Saldaño ($6,7 millones). La defensa insiste en que el trabajo de perfeccionamiento de SocialTazk era para fines parlamentarios y que no se usó dinero fiscal para campañas, argumentando que es improcedente imputar fraude por la mera recopilación de información.
