El dictamen de la Contraloría General de la República ha vuelto a poner el caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en el centro de la agenda política, a dos meses de su salida del cargo. El organismo concluyó que la exsecretaria de Estado actuó fuera de las atribuciones legales al solicitar antecedentes de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) con los que había colaborado previamente como fiscal regional de Tarapacá, y que, además, debió haberse abstenido de intervenir.
Este pronunciamiento del ente contralor reabrió una controversia que parecía zanjada tras su renuncia, generando nuevas repercusiones tanto para el Gobierno como para la oposición. El Gobierno, por su parte, reaccionó afirmando que los secretarios de Estado “pueden cometer errores”, mientras la oposición intenta articular una postura común.
La polémica se originó en marzo, cuando, a menos de 48 horas de asumir como la primera ministra de Seguridad del país, Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna. En dicho documento, solicitaba información detallada sobre los detectives que habían participado en la investigación del llamado “Clan Chen” junto a ella. Entre los datos requeridos se incluían nombres completos, RUT, grados, destinos actuales e incluso antecedentes disciplinarios y posibles denuncias penales.
Días después de esta solicitud, la entonces subdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña, fue removida de su puesto, lo que levantó sospechas sobre una posible conexión entre ambas decisiones. Aunque en su momento el presidente José Antonio Kast respaldó públicamente a su ministra y negó cualquier vínculo, el reciente dictamen de Contraloría estableció que Steinert excedió sus facultades y no cumplió con el deber de abstención debido a su relación profesional previa con los involucrados.
Si bien el informe del organismo fiscalizador no imputó responsabilidades penales ni cuestionó la legalidad de la salida de Consuelo Peña, sí fue enfático en que la actuación de Steinert no se ajustó a las funciones que la legislación otorga a la autoridad ministerial. La exfiscal regional de Tarapacá permaneció en el cargo por solo 69 días, y su nombramiento, impulsado por Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, se transformó rápidamente en una de las primeras crisis políticas del Gobierno de José Antonio Kast.
Con el dictamen de Contraloría ya público, el Partido Comunista fue el primero en presionar a la oposición para impulsar una acusación constitucional contra la exministra. El timonel comunista, Lautaro Carmona, declaró en Radio Nuevo Mundo que Steinert hizo un uso indebido de sus atribuciones y que actuó con el respaldo del presidente Kast, alertando sobre posibles repeticiones de estas situaciones.
El diputado Luis Cuello, también del Partido Comunista, afirmó que el dictamen ofrece antecedentes suficientes para avanzar en un libelo y, además, emplazó al presidente José Antonio Kast a explicar por qué respaldó un oficio que posteriormente fue objetado por el organismo fiscalizador.
