El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, subrayó que desmantelar la estructura financiera del Tren de Aragua es crucial para su erradicación. Esta declaración surge tras la exitosa extradición desde Colombia de dos integrantes de la organización criminal.
A pesar de estos avances, Barros advirtió que la falta de una cooperación efectiva por parte de Venezuela persiste como uno de los principales obstáculos para desarticular completamente esta red delictiva que opera en toda la región.
“Es mucho más que un grupo de gente violenta que mata, secuestra y extorsiona”, afirmó Barros, quien es uno de los expertos más reconocidos sobre la banda originaria de la cárcel venezolana de Tocorón. Añadió que “es una empresa criminal que busca el lucro y, mientras no seamos capaces de atacar su columna vertebral, que es su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir”.
Como coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en la Región Metropolitana, Barros está al frente de investigaciones de alto perfil, incluyendo el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, un crimen que se sospecha tiene motivaciones políticas y órdenes desde altas esferas del chavismo.
En relación con el caso Ojeda, Colombia autorizó recientemente la extradición a Chile de Dayonis Orozco Castillo, quien arribó el viernes, y de Larry Álvarez Nuñez, considerado uno de los fundadores del Tren de Aragua, cuya llegada está prevista para las próximas semanas.
Sin embargo, la “ausencia de un interlocutor válido” en Venezuela complica significativamente la erradicación de esta organización, según el fiscal. Seis personas con órdenes de detención por el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, se encuentran en territorio venezolano sin haber sido siquiera investigadas.
Barros enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada: “Pese a los cambios internos que hemos hecho en Chile, este problema viene desde fuera y es cada vez más complejo. Debe enfrentarse a nivel internacional, con cooperación de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y por cierto Venezuela”.
El Ministerio Público asestó un golpe importante a la organización con la Operación Tokio, que logró desmantelar una sofisticada red de lavado de activos. Entre 2022 y 2025, esta red habría sacado de Chile cerca de 80 millones de dólares hacia otros países, utilizando empresas de criptomonedas.
La magnitud del patrimonio descubierto, tal como indicó Barros, revela el éxito del Tren de Aragua y sus “franquicias”, describiéndolo como “un lucrativo modelo de expansión basado en la explotación y depredación de mercados ilegales”.
El fiscal detalló cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile: “El Tren llega a Chile y encuentra una serie de mercados ilegales disponibles porque la delincuencia nacional no los estaba explotando o eran desarrollados de manera rudimentaria”. En el ámbito de la explotación sexual, la banda aseguró el control y, se estima, obtiene cerca del 45% de los ingresos generados por las mujeres bajo su estructura.
Asimismo, el grupo se ha volcado con fuerza al tráfico de drogas sintéticas como el tusi y la ketamina. En cuanto a la extorsión, impuso prácticas inéditas en Chile, obligando a comerciantes y organizadores de eventos a pagar para operar sin sufrir represalias.
Uno de los “dolores” identificados tras la Operación Tokio fue la imposibilidad de detectar en tiempo real el movimiento de millones de dólares fuera del país. “La reacción del sistema en materia de persecución y prevención de lavado de activos es muy lenta”, lamentó Barros.
Según el fiscal, “el Tren ya le tomó el ritmo al Estado, saben que tienen un año y medio o dos de ventaja antes de ser detectados por las instituciones”. En ese lapso, la organización crea empresas de papel, transfiere recursos, utiliza plataformas de remesas y criptomonedas, y cuando su estructura es identificada, la reemplazan para seguir moviendo el dinero.
Esta capacidad de adaptación delictiva también se manifiesta en su brutalidad para reducir la presión policial. “Están empezando a enterrar los cuerpos en lugares en que no los podamos detectar, la organización se dio cuenta de eso”, concluyó Barros, lo que plantea un desafío creciente para las autoridades que buscan desarticular por completo esta peligrosa red criminal.
