El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha denunciado un presunto sesgo político tras las recientes desvinculaciones del Programa ProEmpleo. Esta medida impactó a más de 100 trabajadores en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, generando una fuerte controversia en la región.
Según el gobernador Mundaca, la decisión de desvincular a estos empleados contiene un claro componente político. Específicamente, 63 personas fueron cesadas de sus funciones en Valparaíso y otras 53 en Viña del Mar.
Mundaca manifestó su preocupación por el hecho de que esta reducción de personal se haya concentrado de manera exclusiva en estas dos comunas. Ambas son lideradas por las alcaldesas Camila Nieto (Valparaíso) y Macarena Ripamonti (Viña del Mar), a pesar de que el programa ProEmpleo se implementa en diversas localidades a lo largo de la región.
Esta drástica medida se inscribe en un contexto de reducción presupuestaria para el programa ProEmpleo. Dicho programa es financiado por el Gobierno Regional y su coordinación recae en la Delegación Presidencial.
El gobernador Mundaca recalcó que, desde su perspectiva, no hay justificación alguna para que el recorte de personal se focalizara únicamente en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.
Ante esta situación, Mundaca informó que ha oficiado formalmente al subsecretario del Trabajo para exigir explicaciones detalladas. Él insiste en que la decisión tras las desvinculaciones revela un evidente sesgo tanto político como ideológico.
Por su parte, el delegado presidencial Manuel Millones ofreció una explicación alternativa. Según Millones, la reducción de los cupos se produjo a raíz de que el propio Gobierno Regional disminuyó en 700 millones de pesos el presupuesto asignado al Programa ProEmpleo para el segundo semestre, abarcando desde julio hasta diciembre.
Cabe destacar que las personas desvinculadas eran beneficiarias específicas de las líneas PIC 2 y PIC 4 del Programa ProEmpleo.
En los últimos días, diversas autoridades tanto comunales como regionales han manifestado públicamente su preocupación por la falta de transparencia e información en torno a este proceso de desvinculación. En respuesta, la Delegación Presidencial ha comunicado que los procesos de apelación para casos particulares estuvieron abiertos hasta este viernes y que seguirán siendo revisados, en un intento por abordar las inquietudes planteadas. La situación sigue generando debate sobre la gestión y el futuro de los programas de empleo en la región.
