Chile enfrenta una crisis silenciosa de endeudamiento que afecta a millones de familias, convirtiéndose en un problema social que repercute directamente en el bienestar de los hogares. Más de cuatro millones de personas mantienen actualmente deudas morosas, y cerca de un millón de ellas dedica más de la mitad de su sueldo a cubrir estas obligaciones, generando angustia y tensión.
La situación es alarmante, pues el endeudamiento trasciende lo meramente financiero. Se introduce en la intimidad del hogar, provocando insomnio, discusiones familiares y transformando cualquier imprevisto, como una enfermedad, en un verdadero drama. La pérdida de un empleo, con una gran parte del salario comprometida en cuotas, puede significar el colapso total de una familia.
Las cifras del primer trimestre de 2026 son contundentes: 4.011.868 personas registran deudas morosas, lo que equivale a uno de cada cuatro adultos en el país. De este grupo, un 73% lleva más de un año en esta condición, con una mora promedio que asciende a los $2,51 millones. En los segmentos socioeconómicos más vulnerables, la deuda pendiente llega a ser el equivalente a cinco sueldos, volviéndose matemáticamente impagable.
Los grupos C3, D y E concentran más del 80% de la morosidad, evidenciando el impacto desproporcionado en las familias de menores ingresos. Este fenómeno se agrava porque, al atrasarse en los pagos, la deuda crece de forma exponencial por la suma de intereses moratorios, gastos de cobranza y el constante hostigamiento telefónico.
El problema no se resuelve con renegociaciones parciales. Una persona puede renegociar con un banco, pero seguirá ahogada si tiene otras cinco deudas pendientes. El sistema actual exige más a quienes ya no tienen capacidad de respuesta. Un dato de la CMF ilustra esto: el 14,1% de los deudores del sistema financiero, cerca de un millón de personas, destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de sus obligaciones, incluso sin estar morosos aún, quedando sin margen para vivir.
La Ley 20.720 ya contempla un Procedimiento de Renegociación de la Persona Deudora, pero su alcance es limitado. Durante todo el año 2025, solo se iniciaron 12.333 procedimientos, una cifra ínfima frente a la magnitud del problema. La normativa actual exige que las personas estén completamente hundidas para poder acceder a esta ayuda, aunque cuando se utiliza, la mayoría logra una renegociación exitosa. Lo que falla son las barreras de entrada y la ausencia de reglas que protejan la capacidad de pago de los ciudadanos.
En respuesta a esta realidad, la senadora Daniella Cicardini y un equipo están impulsando una Agenda de Protección a las Familias Endeudadas. Esta iniciativa busca establecer reglas justas para que las personas puedan organizar sus compromisos y recuperarse, sin que el Estado asuma las deudas privadas.
La agenda se articula en tres ejes, destacando el Plan de Rescate para las Familias Endeudadas. Inspirado en el modelo británico “Breathing Space” implementado desde 2021, se propone un respiro legal de 60 días. Durante este período se suspenderán las cobranzas y se congelarán los intereses. Si existe un juicio de ejecución en curso, este se frenará mientras la persona negocia sus deudas con asesoría. Además, esta medida no solo beneficiará a quienes ya están morosos, sino también a aquellos que, estando al día, destinan más de la mitad de su sueldo al pago de deudas y cuya situación financiera ha cambiado. El objetivo es brindar ayuda antes de que la situación se vuelva insostenible, permitiendo a las personas reunir sus obligaciones y ordenar su situación.
