Un fallo del 2.° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la Municipalidad de Quilicura, liderada por la alcaldesa Paulina Bobadilla, a pagar una indemnización que supera los 66 millones de pesos. La resolución judicial considera discriminatorio el despido del exdirector de la Escuela de Música Enrique Soro, argumentando que se basó en razones de afinidad política.
El juez Santiago Peña Bazán, en el fallo al que accedió BioBioChile, detalló las indemnizaciones: $2.320.684 por tres remuneraciones, $45.949.543 correspondiente a un recargo del 80%, y una suma adicional de ocho remuneraciones, equivalente a $18.565.472. El denunciante se desempeñó en su cargo desde el 2 de enero de 2009 hasta el 9 de enero de 2025.
Durante su período laboral, el exdirector fue acusado de participar en una campaña política debido a una publicación en su cuenta personal de Instagram. Esto llevó a la instrucción de un sumario administrativo, que formuló un único cargo por faltas a la probidad el 18 de enero de 2025. Aunque presentó sus descargos el 31 de diciembre de 2024, ese mismo día la Municipalidad de Quilicura dictó el decreto de término de contrato, comunicado el 9 de enero de 2025. El exfuncionario sostiene que sus descargos no fueron considerados y que nunca recibió una comunicación formal o carta de despido.
El denunciante también acusó una vulneración de su integridad psíquica y un ambiente de acoso laboral. Relató que, desde junio de 2023, la alcaldesa Bobadilla lo citaba para supuestamente presionar a profesores. La instrucción era que no interactuaran en redes sociales con personas que la alcaldesa consideraba problemáticas:
Diles que no le pongan ‘Me Gusta’ a esas personas o tendremos que despedirlos no más, ya que tenemos que tener solo funcionarios que estén con la gestión.
Según la denuncia, estas presiones se repitieron, e incluso el exdirector del Departamento de Educación Municipal (DEM), Ángel Abarca, lo habría contactado para advertirle que desde la alcaldía se estaban revisando las redes sociales personales de los profesores.
Otro episodio se remonta al 5 de septiembre de 2024, día en que Valentín Trujillo recibió el Premio Nacional de Música. El exdirector publicó una historia en Instagram con fotos tipo collage de funcionarios de la escuela junto a Trujillo, donde también aparecía el exalcalde Juan Carrasco, quien fue jefe comunal entre 2008 y 2021 y se postuló nuevamente en 2024. Tras esta publicación, la alcaldesa habría enviado al administrador municipal para ordenar que la historia fuera eliminada, por molestia de la jefa comunal.
Finalmente, el 23 de octubre de 2024, el denunciante apoyó a otro candidato en las elecciones municipales, acción que, según él, ocurrió en época de campaña y fuera de su horario laboral. Refutó haber sido amonestado por asistir al cierre de campaña en horario laboral.
El tribunal concluyó que el municipio “no solo no desarrolló argumentos suficientes” para justificar el despido, sino que “tampoco rindió prueba que permita al tribunal establecer el fundamento y la proporcionalidad de su actuar”. La vulneración de derechos fundamentales por motivos de afinidad política fue, por tanto, ratificada por la justicia.
