La reciente muerte de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo ha reabierto el debate sobre cómo enfrentar los delitos violentos cuando los responsables son menores de edad. Ante esta compleja situación, el Gobierno ha elaborado una propuesta que no contempla la rebaja de la edad de responsabilidad penal, una medida que ha sido planteada por diversos sectores.
En cambio, la estrategia del Ejecutivo apunta a intensificar las sanciones para adolescentes de 16 o 17 años que cometan delitos de alta gravedad. La próxima semana, el Gobierno planea presentar una serie de indicaciones a un proyecto de ley que ya está en discusión en el Congreso, con el objetivo de reformar el sistema judicial chileno para estos casos.
La base de esta iniciativa se asienta en un proyecto presentado en 2022 por el entonces diputado y actual senador Andrés Longton, que actualmente se encuentra en segundo trámite en el Senado. El eje central de las modificaciones es la creación de un mecanismo de “transferencia judicial”. Esto implicaría que, para ciertos delitos considerados especialmente graves, un juez tendría la facultad de decidir que un adolescente de 16 o 17 años sea juzgado bajo las normativas del sistema penal adulto.
Este mecanismo no operaría de forma automática ni se aplicaría a cualquier infracción. El catálogo preliminar de delitos que el Ejecutivo está considerando incluye secuestros, homicidios, atentados con explosivos y robos violentos. La solicitud para esta transferencia debería ser formulada por la Fiscalía, y el tribunal evaluaría factores como la magnitud del delito, la participación del imputado, su historial delictivo y el riesgo que representa para la sociedad antes de tomar una determinación.
Sobre este punto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró este martes que no se está evaluando disminuir la edad de responsabilidad penal, que actualmente se sitúa en los 14 años. En una entrevista con Radio Pauta, Rabat afirmó:
“A nosotros nos parece que hoy día el tema debe abordarse desde la perspectiva de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”.
El secretario de Estado recordó además que el límite actual de edad penal está en línea con compromisos internacionales asumidos por Chile, como los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, el enfoque busca fortalecer el sistema ya existente en lugar de reemplazarlo.
Las indicaciones propuestas por el Gobierno no se limitarán únicamente al mecanismo de transferencia. También se busca incorporar formalmente la reincidencia y la reiteración de delitos como agravantes específicas dentro del sistema penal juvenil, una figura que actualmente no está considerada. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que, para delitos graves, las penas máximas podrían llegar a duplicarse. Rabat puso como ejemplo casos de robos violentos, como los portonazos, señalando que “cuando es cometido por menores entre 14 y 16 años, la penalidad se va a aumentar de 5 a 10 años”.
Otro de los cambios apunta a una situación que el Ejecutivo considera especialmente problemática: adolescentes que cometen delitos siendo menores, pero que alcanzan la mayoría de edad mientras cumplen condena. Actualmente, muchos continúan en centros juveniles incluso después de los 18 años. El Gobierno pretende que quienes hayan sido condenados por delitos graves y todavía sigan cumpliendo pena una vez mayores de edad, puedan ser trasladados a recintos penitenciarios para adultos.
