Los gremios agrícolas de la región de La Araucanía han alzado su voz contra las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, respecto al eventual cobro por el uso del agua destinada al riego. Los productores calificaron las afirmaciones del titular de la cartera como una “mirada incompleta de la realidad” que enfrentan día a día los pequeños y medianos agricultores chilenos.
En este contexto, los dirigentes hicieron un llamado urgente al gobierno para que impulse la inversión necesaria en la construcción de nuevos embalses, infraestructura clave para ampliar las hectáreas productivas del país. Rechazaron categóricamente la propuesta del ministro Campos, quien sugirió que los propios productores cofinanciarán estas obras, argumentando que “el agua es un recurso escaso y hay que pagar su uso”.
Los gremios enfatizaron que los agricultores, especialmente los de menor escala, no cuentan con la capacidad económica para afrontar el financiamiento de proyectos de esta magnitud. Camilo Guzmán, presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, expresó su preocupación.
“Los dichos del ministro de Agricultura sobre un eventual pago por el uso de agua de riego son preocupantes porque reflejan una mirada totalmente incompleta de la realidad que viven hoy el pequeño y mediano agricultor chileno”.
Guzmán, oriundo de Traiguén, lamentó que la discusión sobre el cobro del agua se “instale por la prensa” sin un diálogo previo con quienes son los principales productores de alimentos del país. Subrayó que, antes de considerar nuevas cargas económicas, el ministro debería abordar las distorsiones del mercado que, según él, están afectando gravemente la actividad agrícola nacional.
“Hablar de nuevos costos, sin revisar el marco jurídico normativo regulatorio, es simplemente desconocer la realidad económica del sector”, puntualizó Guzmán, añadiendo que “el ministro no puede reducir este debate al cobro por agua cuando el problema de fondo es económico, legal y de competencia”.
Los productores insistieron en que el Estado debe corregir primero problemas estructurales como la concentración de poder de compra, la falta de transparencia, los abusos y la asimetría frente a los mercados internacionales, antes de imponer nuevas cargas. Reafirmaron la necesidad vital de construir embalses, pero sostuvieron que esta inversión debe ser responsabilidad del gobierno como parte esencial de una política de seguridad alimentaria.
