La Sociedad de Servicios de Alimentación (Soser S.A.) interpuso una querella criminal en contra de Fernando Peña, el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La acción legal acusa a Peña de los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa, escalando un conflicto que se originó a fines de mayo.
Junaeb había presentado una denuncia ante la Fiscalía, señalando supuestas irregularidades que habrían derivado en un pago de $14 mil millones a Soser por raciones alimenticias que, según el organismo, no fueron entregadas. Sin embargo, en el escrito ingresado en el Cuarto Juzgado de Garantía, la empresa proveedora de alimentos escolares defiende que Peña actuó maliciosamente.
Soser S.A. sostiene que el director de Junaeb denunció hechos idénticos que ya fueron investigados y culminaron con el sobreseimiento definitivo del caso por parte del Ministerio Público, al no existir elementos constitutivos de delito. La compañía calificó la situación como:
“Paradójico y profundamente preocupante que quien encabeza el organismo público encargado de velar por la alimentación de estudiantes que necesitan del apoyo del Estado no esté orientando sus esfuerzos a garantizar la continuidad y calidad del servicio”.
Además, el documento agrega que Peña “ha privilegiado la persecución reputacional de una sociedad que ha demostrado históricamente su compromiso con el servicio público”, lo que consideran incompatible con los deberes de probidad y objetividad de un funcionario público.
El trasfondo de este conflicto se remonta a 2020, cuando Soser participó en la licitación ID 85-18-LR20, convocada por Junaeb para los años 2021, 2022 y 2023. Esta licitación abarcaba regiones como Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío, Ñuble, Aysén y la Región Metropolitana, en un contexto complejo por la pandemia de Covid-19. Soser se adjudicó el contrato para la región de O’Higgins.
Las bases de licitación utilizaron el año 2019 para proyectar la demanda e incorporaron un componente fijo de pago del 40% del contrato, con el objetivo de asegurar la empleabilidad de las personas encargadas de la elaboración de alimentos. Es relevante destacar que el factor decisivo fue el monto total ofrecido, no el precio individual de cada prestación (desayunos, almuerzos, onces y colaciones), permitiendo a los oferentes fijar precios unitarios con discrecionalidad sin afectar su competitividad.
En el transcurso del contrato, Junaeb implementó una serie de modificaciones para la industria. En 2021, debido a la pandemia, se permitió cambiar la entrega de raciones por canastas de provisiones en colegios municipalizados y subvencionados, adaptándose a las restricciones sanitarias del país.
Luego, en 2022, el componente fijo del pago se incrementó del 40% al 60% para garantizar la empleabilidad de las manipuladoras de alimentos, y se estableció un Mecanismo de Estabilidad Operacional por fuerza mayor. Además, el reajuste de precios por polinomio pasó de ser trimestral a mensual.
Finalmente, en noviembre de 2022, tras una revisión individual de todos los proveedores, Junaeb ajustó el número total de raciones de desayunos, almuerzos, onces y colaciones. Esta medida buscaba evitar un mayor impacto económico en las empresas adjudicatarias, restablecer el equilibrio contractual y fortalecer la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando que el valor final a pagar no fuera inferior al 10% del umbral referencial. Este ajuste implicó un incremento porcentual específico para todas las empresas con contratos vigentes, no solo para una, lo cual fue corroborado por la investigación del Ministerio Público en 2023, donde se determinó la inexistencia de ilícitos.
