Una compleja revisión administrativa enfrenta el Serviu de Valparaíso. La acción surge tras un informe de Contraloría que alertó sobre posibles irregularidades en el uso de licencias médicas en el sector público. Paralelamente, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Minvu ha iniciado una investigación a diversas entidades patrocinantes que operan en programas habitacionales, poniendo el foco en el eventual vínculo de una funcionaria del Serviu con una de estas empresas.
A nivel nacional, el reporte de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que más de 25 mil funcionarios o trabajadores salieron del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica. En la región de Valparaíso, la cifra alcanzó los 3.898 casos. Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda instruyó a todos los organismos del Gobierno central a iniciar los sumarios disciplinarios correspondientes.
En el caso particular del Serviu Valparaíso, esta auditoría no solo aborda las licencias, sino que también ha destapado interrogantes sobre posibles lazos con empresas que actúan como entidades patrocinantes de proyectos habitacionales del Minvu, entre las que se mencionan Uno a Uno SpA y Social Arquitectura.
“Además de tener una relación, esta señora usaba las vacaciones —que están acreditadas— para hacer negocios”
El ministro Poduje fue enfático al señalar que la cartera investiga a estas entidades, con o sin conexión directa con el caso de El Olivar. El titular del Minvu confirmó la detección de una relación de parentesco entre una funcionaria del Serviu y una de las entidades patrocinantes bajo escrutinio, además de otras gestiones que, según sus palabras, ya fueron denunciadas. El ministro añadió que la funcionaria en cuestión habría utilizado sus periodos de vacaciones para llevar a cabo actividades comerciales vinculadas a estas empresas.
El abogado Ariel Manríquez explicó las posibles implicaciones legales de estos hechos. Dependiendo de las pruebas que se logren acreditar, estos casos podrían resolverse en el ámbito administrativo o, de ser más graves, escalar a una investigación penal. Manríquez advirtió que, si se comprueba el uso irregular de recursos públicos, las aristas podrían incluir delitos como el fraude al fisco u otras figuras penales contra la administración pública.
Consultada por La Radio, Soledad Monsalve, representante de Uno a Uno SpA, negó categóricamente tener en su plantilla a personas que hayan trabajado en el Serviu. Monsalve afirmó ser la única dueña de la empresa, sin socios, y declinó referirse más al asunto. Al cierre de esta edición, la Seremi de Vivienda de Valparaíso no había emitido declaraciones respecto a las consultas sobre la revisión de convenios con entidades patrocinantes ni sobre las eventuales medidas administrativas que podrían derivarse de esta investigación en curso.
