El Gobierno de José Antonio Kast lanzó la iniciativa “Ordenemos la Cuenta” con el objetivo de modernizar el sistema tarifario eléctrico. La propuesta busca que las tarifas de la luz sean más transparentes y comprensibles para hogares y empresas, garantizando la energía como un factor de bienestar y no de incertidumbre.
Esta acción se enmarca en la Ruta Energética 2026–2030 del Ministerio de Energía y tiene como ejes principales la rebaja de tarifas, el control de las alzas y la extensión del subsidio eléctrico. Además, busca asegurar un servicio de calidad y saldar una deuda histórica con las empresas distribuidoras que ha generado morosidad por años en el país.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas medidas son esenciales para un servicio fundamental que representa un gasto mensual significativo para muchas familias. Para lograr tarifas más estables, el Ministerio de Energía explicó que es crucial resolver la deuda asociada al componente de distribución (VAD) del período 2020-2024, que acumula 43 meses de retraso.
Se propone un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035, lo que permitirá distribuir los costos a lo largo del tiempo y minimizar su impacto en las cuentas de electricidad. Considerando que en 2028 el cargo del Mecanismo de Protección al Cliente bajará de 22 a 9 pesos por kilowatt-hora, el proyecto añade un cargo acotado de 5 pesos por kilowatt-hora para cubrir la deuda, resultando en una disminución neta de 8 pesos por kilowatt-hora para los usuarios.
Mientras este proceso se concreta, el proyecto contempla extender el subsidio eléctrico para el año 2027, beneficiando a las familias más vulnerables. Un aspecto crítico abordado por el Gobierno son los contratos de suministro actuales de los clientes regulados, calificados como “antiguos” —algunos con más de 15 años de antigüedad—.
Estos acuerdos, según el Ejecutivo, “no reflejan las condiciones actuales del mercado, ya que fueron definidos en contextos de menor competencia y generación más cara”. Para corregirlo, se facultará a la Comisión Nacional de Energía para implementar un mecanismo voluntario que permita revisar y renegociar contratos vigentes o nuevos, buscando reducir los precios de la cuenta de la luz.
Eso generará que los contratos caros puedan ofertar precios más competitivos y así apuntar a bajar la cuenta final de la luz, explicó el Gobierno.
Expertos en el sector han señalado que, más allá del consumo mensual, la factura eléctrica ejerce una presión considerable en la economía familiar. Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Universidad de los Andes (Uandes), destacó que un punto central de la propuesta es evitar que los costos acumulados recaigan abruptamente en los clientes finales.
Torres explicó que el mecanismo de pago gradual para saldar las deudas con distribuidoras y transmisoras busca regularizar los compromisos del sistema eléctrico sin concentrar todo el efecto en una sola boleta. Asimismo, el académico subrayó la importancia de la medida que permite revisar acuerdos de suministro heredados, a los que aún están sujetas muchas distribuidoras.
A juicio del experto de la Uandes, este tipo de ajustes es clave para reducir los costos de energía a mediano plazo. Finalmente, el proyecto también incluye herramientas para fomentar inversiones y fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de Energía, buscando una mayor estabilidad y eficiencia en el sistema eléctrico nacional.
