La Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM), entidad clave en la administración y distribución de aguas que riegan cerca de 200 mil hectáreas en la Primera Sección del Maule, ha manifestado su preocupación ante las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre el uso del agua y el financiamiento de nuevas obras hídricas. La organización valora el reconocimiento gubernamental de la importancia de la inversión y modernización en gestión del agua, especialmente frente a la creciente escasez hídrica y variabilidad climática. Sin embargo, recalcan la necesidad urgente de precisar el alcance de cualquier medida que implique cobros asociados al recurso, argumentando que la discusión sobre aumentar las hectáreas de riego debe priorizar la sostenibilidad de las ya existentes.
Desde la Junta, enfatizan que si el objetivo es expandir la superficie regada del país, la prioridad debe ser asegurar la infraestructura y la eficiencia para las tierras que ya dependen del recurso. El organismo sostiene que, ante una sequía estructural y el cambio climático, las inversiones deben enfocarse en fortalecer la seguridad de riego a través de la construcción de embalses y obras civiles. Además, se requiere la implementación de telemetría, la modernización de la infraestructura existente y la mejora de la eficiencia intrapredial, junto con una mejor coordinación entre los usuarios del agua.
«Me imagino que el Ministro quiso decir que las nuevas obras deben ser financiadas por quienes las ocupan, así como se ha hecho desde hace un tiempo. Una cosa son las obras y otra es la coordinación en el uso del agua», aseguró Juan Pablo Herrera, presidente del Directorio de la JVRM.
Herrera añadió que la actual sequía hace «variable llegar a buen término de temporada», por lo que es crucial «hacer más eficiente lo que tenemos y que los distintos usos convivan en la misma cuenca y tengamos un uso mucho más eficiente».
El presidente de la JVRM aclaró que, desde una perspectiva jurídica, no es lo mismo «pagar por el agua» que financiar obras de regulación, cubrir costos de operación, mantener sistemas de distribución o establecer tarifas por nueva infraestructura. Subraya la distinción legal y práctica entre estos conceptos.
Herrera detalló que los agricultores y demás usuarios del agua ya aportan significativamente a través de sus Organizaciones de Usuarios de Aguas. Estas entidades cubren la captación, conducción, distribución, vigilancia, operación y conservación de los sistemas de riego. Además, los propios productores realizan inversiones constantes en tecnificación, obras intraprediales, compuertas y mejoras en la eficiencia hídrica. La Junta también destaca que las propiedades agrícolas con riego asegurado suelen tener un mayor valor económico y, consecuentemente, enfrentan mayores cargas tributarias por concepto de contribuciones territoriales.
Por todo lo anterior, la JVRM insiste en que cualquier nuevo mecanismo de financiamiento debe considerar las cargas que actualmente asumen los usuarios, sosteniendo que el debate sobre la infraestructura hídrica debe guiarse por la «proporcionalidad».
