El debate actual sobre la producción y la eficiencia en los recintos asistenciales de salud de Chile revela una problemática profunda. Se ha observado que, a pesar del incremento en el gasto público, este no se ha reflejado de manera proporcional en una mejora efectiva de la oportunidad, el acceso y la experiencia de los pacientes. Esta brecha genera una preocupación creciente en la ciudadanía y entre los expertos del sector.
Ante este escenario, la respuesta del Ministerio de Salud no puede limitarse únicamente a exigir “más gestión” sin otorgar los medios necesarios. En el ámbito de la salud pública, la eficiencia no es un mandato que se pueda decretar; por el contrario, se forja a través de la implementación de reglas claras, el acceso a información relevante, la asignación precisa de atribuciones y la exigencia de responsabilidad por los resultados obtenidos. Es indudable que Chile requiere optimizar la productividad de su sistema sanitario. Diversos indicadores, como las extensas listas de espera, el persistente ausentismo de los funcionarios, la considerable pérdida de horas clínicas y la notoria falta de interoperabilidad entre los distintos niveles, evidencian un amplio margen para una utilización más eficaz de los recursos disponibles.
No obstante, los profesionales encargados de la gestión de hospitales, servicios de salud y centros de Atención Primaria de Salud (APS) municipal, con frecuencia, se encuentran trabajando con instrumentos que corresponden al siglo pasado, intentando resolver desafíos contemporáneos. A estos gerentes del sector público se les demanda una resolución más expedita y con estándares de mayor calidad. Sin embargo, en contadas ocasiones se les dota de la capacidad real para reorganizar sus equipos, reasignar agendas de manera flexible, adquirir prestaciones de forma oportuna e inteligente, integrar datos o rediseñar procesos sin enfrentar barreras burocráticas excesivas. De esta forma, se responsabiliza al gestor por los resultados, pero se le restringe significativamente el espacio para accionar las palancas clave que permitirían producir dichas mejoras.
Es fundamental que la eficiencia se conciba como un auténtico valor público, y no meramente como un sinónimo de recorte presupuestario. Esto implica una serie de acciones concretas, tales como la reducción de las horas clínicas perdidas por inasistencia de pacientes o personal, la capacidad de reutilizar cupos de atención cuando un paciente no confirma su cita y la realización de derivaciones médicas con estricta pertinencia. Asimismo, busca evitar la duplicación innecesaria de exámenes, fomentar el uso de la telemedicina en aquellas situaciones donde sea viable, fortalecer de manera significativa la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud para reducir las derivaciones evitables a niveles más complejos y, finalmente, medir el desempeño del sistema con indicadores que permitan una comparación efectiva.
Para lograr un avance sustantivo en esta materia, el Estado debe proporcionar un conjunto de herramientas indispensables. En primer lugar, se requiere una interoperabilidad real entre los distintos niveles de atención: la primaria, los hospitales y los servicios de salud, lo que evitaría la fragmentación de la información del paciente. Como segundo punto crucial, es imprescindible implementar sistemas modernos de agenda, contactabilidad y trazabilidad, capaces de anticipar ausencias y reasignar horas. Tercero, debe haber flexibilidad presupuestaria y transferencias oportunas: ningún establecimiento planifica bien si los recursos llegan tarde. Como cuarto punto, hay que poner en marcha reglas de gestión que permitan ordenar productividad, gestión de personas, ausentismo y desempeño sin debilitar derechos de los trabajadores del sector. También se requieren alianzas público-privadas bien diseñadas: no como sustitución del Estado, sino como complemento regulado para incorporar tecnología, resolver cuellos de botella y aumentar capacidad donde la red pública no alcanza. Eso exige contratos con metas, evaluación y transparencia. La Atención Primaria de Salud es clave. Si cuenta con financiamiento oportuno, datos, telemedicina y capacidad resolutiva, puede reducir presión sobre el nivel secundario. Discutir el financiamiento este tipo de atención es urgente.
