La defensa del senador independiente Miguel Ángel Calisto ha abierto un nuevo frente en la causa por presunto fraude reiterado al fisco, que lo enfrenta a una solicitud de la Fiscalía de 12 años de cárcel. El equipo jurídico del parlamentario tilda de “prematuro” el cierre de la investigación, cuestiona el momento de esta decisión y anuncia una estrategia para revertirla antes de que el caso avance a juicio oral.
Este viernes marcó un giro crucial para Calisto, ya que el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra y la de otros siete imputados. La investigación fiscal sostiene un esquema de fraude al Fisco y fraude de subvenciones que superaría los $100 millones.
Sin embargo, la defensa de Calisto no solo refuta el fondo de la acusación, sino que también objeta el procedimiento. El abogado César Ramos, representante del senador, afirmó que la investigación aún no está concluida. Este es el principal punto de fricción.
“Nosotros creemos que esta es una causa cuya investigación no se encuentra agotada. Nos llama poderosamente la atención el momento en que se toma la decisión de acusar y presentar la solicitud de desafuero”, declaró Ramos a Radio Bio Bio.
En este contexto, la estrategia inmediata de la defensa será impugnar la resolución del Ministerio Público de cerrar la investigación. Según Ramos, esta decisión limitó significativamente el margen de reacción de su equipo.
“Desde ya, a lo que nos vamos a abocar en los próximos días es a cuestionar primero la decisión esencial del Ministerio Público, que es el cierre de la investigación”, enfatizó el abogado. Su argumento central es que la Fiscalía, además de construir su caso, debe garantizar que la defensa pueda desmontarlo, un equilibrio que, a su parecer, se habría roto en este proceso.
“La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. La defensa tiene el derecho de cuestionarlos, refutarlos y solicitar diligencias de investigación que sean conducentes a desacreditar esos antecedentes en contra”, sostuvo.
Ramos subrayó que la decisión de cierre se adoptó en un periodo demasiado breve, lo que impacta directamente el desarrollo adecuado del proceso judicial.
“Acá tenemos evidencias, antecedentes y declaraciones que fueron tomadas el día martes, y tres días después tenemos una decisión de cierre, privando a esta defensa de la posibilidad de cuestionar esos antecedentes”, explicó.
Por ello, la ofensiva jurídica busca retrotraer el estado de la investigación. Si esta medida prospera, advirtió Ramos, el curso del proceso podría modificarse radicalmente.
“Lo primero es que ese cierre no sea procedente, ya que existen diligencias pendientes importantísimas en la causa”, recalcó. Respecto a la magnitud de la pena solicitada, Ramos desestimó la discusión sobre la cifra, enfocándose en la falta de fundamento de la acusación.
“Más que una decisión de pena excesiva, nos parece que es una decisión que asume como cierta una tesis y una imputación de hechos que no tienen asidero ni correspondencia con la información recopilada”, afirmó.
La tesis del Ministerio Público se basa en un supuesto mecanismo de asesorías parlamentarias ficticias. La defensa lo niega categóricamente, argumentando que existen pruebas que demuestran que la asesora en cuestión, Carla Graf, sí prestó servicios reales. Incluso se cuenta con respaldo documental de su trabajo.
“Nosotros hemos aportado información que da cuenta de que la asesora cuestionada sí era asesora del parlamentario, que sí prestaba asesoría y que existe recopilación de su trabajo en la asesoría parlamentaria”, detalló Ramos. Con esto, la defensa busca debilitar uno de los pilares de la investigación: la afirmación de que los contratos carecían de servicios reales.
