El Gobierno anunció una reformulación del Plan Buen Vivir en La Araucanía, tras constatar «falencias» significativas en la trazabilidad de la información. Autoridades actuales denuncian que varios antecedentes no pueden ser contrastados con registros físicos, lo que genera serias dudas sobre la gestión anterior del programa.
La nueva coordinadora del plan asumió su cargo en un contexto de búsqueda activa de respaldos que demuestren los avances reportados por la administración pasada. Una situación que fue refutada por el excoordinador regional, Marcelo García, quien aseguró que la documentación existe.
Sin embargo, la polémica se intensificó con las declaraciones del delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic. El delegado reiteró que su oficina no tiene a disposición los documentos que respalden «cuestiones informadas», y subrayó la ausencia de registros físicos que permitan verificar los datos presentados.
«Hay falencias significativas en la trazabilidad de la información», aseguró Ljubetic, quien destacó que este problema es especialmente grave debido a la considerable cantidad de dinero involucrada en la ejecución del programa.
A pesar de la gravedad de la situación, el delegado no detalló cuáles son exactamente estas «cuestiones informadas» que se atribuyen al también presidente de la DC en la región. Ante estas «carencias», el Gobierno busca ahora rediseñar el Plan Buen Vivir con el objetivo de que este «genere un verdadero impacto en la región de La Araucanía«.
Respecto a la posibilidad de presentar denuncias formales por estas deficiencias en la información, Ljubetic indicó que se encuentran a la espera de los resultados de la revisión interna que actualmente está en curso, manteniendo abierta la interrogante sobre futuras acciones legales.
