La Unión Europea ha dado un paso fundamental hacia la creación de su propia divisa electrónica. Este martes, la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo aprobó el reglamento que delineará el futuro euro digital. Este avance busca consolidar una alternativa europea para los pagos electrónicos y, a la vez, disminuir la dependencia de empresas extracomunitarias predominantes como Visa o Mastercard.
El informe aprobado por la comisión marcará la postura de la Eurocámara para las futuras negociaciones con los Estados miembros. Dicho acuerdo será crucial para la legislación definitiva, indispensable si el Banco Central Europeo (BCE) finalmente decide poner en circulación el euro digital. La presidenta de la comisión, Aurore Lalucq, calificó la jornada como un momento clave: «Es un día histórico para Europa», expresó tras la votación.
Los eurodiputados han respaldado la implementación del euro digital en dos modalidades: una versión online, que requerirá conexión a Internet, y otra offline, que funcionará sin necesidad de una red. Esta última modalidad es considerada pionera a nivel global. La divisa operaría como una moneda de curso legal complementaria al efectivo, permitiendo a los ciudadanos realizar pagos digitales tanto en comercios electrónicos como tradicionales, asociando sus monederos a una cuenta bancaria.
La propuesta final difiere del borrador original presentado por el eurodiputado del PPE Fernando Navarrete, quien había priorizado el lanzamiento de la versión offline y supeditado la online a la ausencia de alternativas privadas. Navarrete explicó que la versión offline permitiría una conexión directa entre dispositivos, sin Internet ni infraestructura central, lo que garantizaría la misma privacidad que las operaciones en efectivo al no dejar registro de la transacción.
Por su parte, la modalidad online ofrecerá funcionalidades más avanzadas. Los bancos tendrán libertad para integrarla en sus ofertas, ya sea en sus aplicaciones móviles o a través de una aplicación genérica desarrollada por el BCE. En cuanto a la privacidad, una de las principales preocupaciones de los críticos, el reglamento establece que las transacciones estarán anonimizadas. Esto significa que el BCE, en su rol de intermediario, no conocerá la identidad de los usuarios, accediendo a ella solo por razones legítimas, como una sospecha de fraude.
El uso del euro digital será gratuito para los ciudadanos. No obstante, los comerciantes deberán abonar tasas a los bancos, de forma similar a como ocurre actualmente con los pagos con tarjeta. Un punto clave introducido por el Parlamento Europeo en su informe es que ningún comercio deberá pagar más por aceptar el euro digital de lo que ya abona por otros medios de pago electrónicos. Este requisito no figuraba en la propuesta inicial de la Comisión Europea ni en el acuerdo previo de los Estados miembros en 2025, lo que podría generar fricciones en las próximas negociaciones.
Aunque la Eurocámara no ha estimado el coste de adaptación para el sector privado, el BCE calcula que la implementación oscilará entre 4.000 y 5.800 millones de euros en cuatro años. Por otro lado, se prevé que cada usuario pueda tener un límite en la cantidad de euros digitales que posea.
