Una fuerte polémica se desató luego de que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, planteara de manera pública que la capital de la región de O’Higgins es la principal opción para incrementar las plazas penitenciarias del país si el proyecto de ampliación de Santiago 1 no se concreta. La alternativa, según reveló el propio integrante del Ejecutivo, ya se encuentra bajo evaluación debido a los problemas judiciales que frenan las obras en la Región Metropolitana.
Durante una entrevista concedida a TVN, la autoridad nacional de Justicia admitió que el Gobierno ya baraja un camino alternativo ante las trabas legales. En la instancia, Silva detalló la propuesta estatal:
“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”.
La noticia causó inmediata molestia en la zona afectada. El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, fustigó duramente que una determinación de este calibre se haya ventilado en los medios de comunicación antes de ser conversada de manera formal con los representantes de la comuna y sus residentes.
“Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad. Si el Gobierno está evaluando esta medida, debe informarla oficialmente primero a la comunidad y a sus autoridades”, reclamó el jefe comunal.
Para la autoridad de la región de O’Higgins, el análisis técnico para la expansión de la infraestructura penal de Chile no puede centrarse únicamente en la urgencia de habilitar nuevos cupos para reos. Agliati recalcó que se deben ponderar detalladamente los impactos directos que este tipo de recintos conllevan para el crecimiento urbano de la comuna y el bienestar cotidiano de la población local.
Finalmente, el alcalde enfatizó que los conflictos del sistema carcelario de la capital no deben resolverse ignorando la autonomía y la opinión de los territorios. Ante este escenario, la administración local exige que se abran canales de diálogo transparentes e institucionales de manera inmediata, antes de que el Ministerio de Justicia concrete cualquier resolución definitiva.
“Hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad”, sentenció la autoridad.
