La presunta desaparición de cientos de niños haitianos ha puesto de manifiesto una compleja trama donde la necesidad de una investigación profunda choca con la «miseria política» que manipula la información. Desde el inicio, es crucial distinguir entre la urgencia de ubicar a cada menor y la difusión de acusaciones sin pruebas, que han generado un pánico infundado.
El escándalo tomó fuerza con afirmaciones alarmistas de algunos medios que titularon «Doscientos niños desaparecidos». A esto se sumaron declaraciones de parlamentarios como Jorge Guzmán (Evópoli), quien insinuó una red de tráfico de menores, y el diputado republicano Enrique Bassaletti, que fue más allá, sugiriendo incluso tráfico de órganos. Sin embargo, ninguna de estas graves acusaciones fue respaldada por evidencia.
Los antecedentes recabados por las autoridades desmienten estas versiones extremas. La Fiscalía ha declarado que no existe indicio alguno de tráfico de órganos. Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó la existencia de antecedentes serios sobre tráfico de niños o prostitución infantil, y señaló que no hay elementos para sostener que los menores estén desaparecidos. Adicionalmente, una investigación previa de la Brigada de Trata de Personas de la PDI, derivada de una denuncia de Migraciones, concluyó que los datos analizados no permitían acreditar el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Estos hallazgos, si bien no cierran las causas actuales ni aseguran que todo haya funcionado correctamente, sí desmoronan la narrativa de terror. Una sospecha no constituye una prueba, y el no encontrar a un niño en una dirección registrada dista mucho de probar que haya sido secuestrado, prostituido o víctima de tráfico de órganos.
El origen de este revuelo fue un preinforme de Contraloría —no el definitivo— que, al analizar una muestra de 105 menores, no logró ubicar a 64 en los domicilios informados. No obstante, «perder el rastro de una dirección» es una situación muy diferente a la desaparición efectiva de un niño. Los desarrollos recientes lo confirman: la PDI ya ha ubicado a otros 25 menores, y un equipo de prensa encontró a uno de los supuestos desaparecidos viviendo con su propia familia. Varios de estos niños estaban en sus casas, con sus familias y asistiendo al colegio, sin que se registren denuncias de ninguna familia por la desaparición de un menor.
Aun así, no todos los casos están resueltos. Algunos niños fueron encontrados en condiciones precarias, una realidad que exige atención y preocupación. Otros aún deben ser ubicados, y la investigación debe continuar hasta dar con cada uno de ellos. Toda irregularidad, negligencia, corrupción o delito debe ser investigado y sancionado. Sin embargo, gran parte del escándalo se orquestó al confundir deliberadamente a niños no ubicados por un registro estatal con aquellos que realmente habrían desaparecido.
La PDI, en su informe ante el Senado, aclaró que ningún menor entró solo al país y que cada uno fue entregado a su padre o tutor mediante un acta. Esta precisión derriba la imagen errónea de aviones llenos de niños sin acompañantes, entregados a cualquiera. En varios programas se dio por desaparecidos a los niños antes de que las autoridades alcanzaran siquiera a buscarlos. Un conocido periodista de TV presentó como señal siniestra que algunos vuelos chárter no aparecieran en las pantallas del aeropuerto, cuando los vuelos privados sencillamente no figuran en esos paneles. Así se fabrica el pánico. Se toma un dato inofensivo, se le pone música de trama criminal, y miles de personas creen que vieron una prueba. Seamos claros, hemos exigido que cualquier situación irregular se aclare, que se repare y que quien haya fallado responda, gobernara quien gobernara.
