El Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde este martes a la tramitación de los requerimientos presentados por parlamentarios de la oposición y del Partido de la Gente (PDG) contra la recientemente aprobada Ley Escuelas Protegidas. La decisión fue adoptada por unanimidad durante un pleno integrado por sus diez magistrados titulares.
Según confirmó la propia magistratura a través de sus canales oficiales, el recurso ha sido declarado admisible, por lo que el proceso legal continúa ahora su curso para que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de las normas cuestionadas. Esta ley, una de las prioridades del Gobierno, busca prevenir y abordar los focos de violencia en recintos educacionales tras el impacto generado por el asesinato de una inspectora en Calama a manos de un estudiante armado.
¿Cuáles son las cuatro normas bajo cuestionamiento?
El requerimiento parlamentario se enfoca en cuatro pilares fundamentales de la normativa que, según los recurrentes, podrían presentar roces constitucionales:
- Revisión de pertenencias: Se cuestiona la facultad otorgada a los establecimientos para revisar mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes mediante sus reglamentos internos.
- Registro policial: Se impugna la disposición que permite tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones (PDI) registrar vestimentas y pertenencias dentro del recinto sin la necesidad de una orden previa emitida por un fiscal.
- Prohibición de accesorios: La norma obliga a prohibir el uso de vestimentas o accesorios que hagan alusión, apología o promuevan el uso de drogas, violencia, conductas delictuales u otras acciones contrarias a la ley.
- Acceso a la gratuidad: Se objeta la inhabilidad de acceder al beneficio de la gratuidad por un periodo de cinco años para aquellos alumnos que cometan delitos en un contexto educativo.
Cabe recordar que esta ley fue despachada por el Congreso Nacional apenas hace unas semanas tras obtener 105 votos a favor y 46 en contra. Mientras el debate jurídico toma fuerza en el TC, el clima legislativo se mantiene expectante ante una normativa que busca transformar la seguridad en las aulas chilenas.
