El rastro perdido de la reunificación familiar
Un preinforme de la Contraloría General de la República ha destapado una alarmante crisis en el Servicio Nacional de Migraciones. La auditoría número 41 analizó el ingreso de menores haitianos al país bajo el programa de reunificación familiar entre enero y abril de 2025. Los resultados en terreno son inquietantes: de una muestra de 105 niños seleccionados para verificación, 64 no fueron encontrados en las direcciones declaradas.
Fiscalización en ocho comunas
Entre el 13 y el 28 de enero pasado, un equipo especializado recorrió las comunas de Quilicura, Cerrillos, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo. Solo 41 de los menores fueron localizados. En los 64 casos restantes, se detectaron irregularidades como NNA que no vivían con el adulto responsable, domicilios inexistentes o menores que simplemente no estaban presentes.
Fallos institucionales y casos críticos
El documento de 70 páginas apunta directamente a la Subsecretaría de la Niñez por una nula fiscalización y falta de seguimiento oportuno. Un caso dramático expone la gravedad: tres menores ingresaron al país el 13 de febrero de 2025 tras la aprobación de sus permisos, a pesar de que su padre había fallecido un mes antes del viaje. Asimismo, en San Bernardo, los fiscalizadores conocieron el caso de un padre que presentó una denuncia por presunta desgracia tras perder el rastro de su hija y la madre de esta.
Denuncias por probidad e investigación penal
El origen de esta auditoría se remonta a dos alertas clave: un reporte sobre el aumento de vuelos privados desde Haití y una denuncia anónima por presunta entrega irregular de documentos migratorios por parte de una funcionaria a cambio de dinero. La Policía de Investigaciones (PDI) informó que entre enero y abril de 2025 ingresaron 3.235 ciudadanos haitianos, de los cuales 2.792 lo hicieron por reunificación familiar, siendo sospechosos los vuelos chárter de las aerolíneas Galistair y Aruba Airlines.
La falta de protocolos
Contraloría cuestionó además a la PDI por carecer de manuales detallados para el control migratorio, situación que la propia policía reconoció mediante el oficio RES N°16, admitiendo que actualmente están desarrollando dicho procedimiento. Debido a estos antecedentes y a que el flujo migratorio alcanzó más de 21 mil ciudadanos haitianos entre mayo de 2020 y abril de 2025, la Fiscalía Metropolitana Norte ha iniciado una investigación formal por posibles delitos de cohecho y soborno a funcionarios públicos.
