El proceso contra el magistrado
La Corte Suprema inició formalmente un cuaderno de remoción contra el juez Daniel Urrutia, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La noticia fue ratificada por su abogado, Carlos Quezada, tras confirmarse que el magistrado figura entre los funcionarios investigados por salir del país mientras se encontraba bajo el uso de licencia médica.
Este caso se enmarca en una resolución masiva comunicada este martes por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. En una revisión exhaustiva, el pleno del máximo tribunal analizó 104 sumarios administrativos que involucran a ministros de corte, magistrados, relatores y secretarios por el presunto uso irregular de reposo médico para viajar fuera de Chile.
Cifras del sumario judicial
La decisión final de la Corte Suprema resultó en la apertura de 42 cuadernos de remoción. Estas medidas se suman a otros 14 funcionarios que ya atravesaban el mismo proceso desde la semana anterior, totalizando 56 casos bajo escrutinio. No obstante, no todos los expedientes terminaron en sanciones: 25 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos tras acreditarse que sus viajes no constituyeron faltas, debido a que se trató de enfermedades contraídas al llegar al país de visita.
El historial de controversias del juez Urrutia
El nombre de Daniel Urrutia ha ganado relevancia pública en diversos hitos judiciales recientes. A principios de 2024, el magistrado ordenó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, tras formalizarlo por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Posteriormente, la defensa de Lavín León cuestionó el actuar del juez, alegando que el fallo reprodujo diez párrafos de la minuta de la Fiscalía Metropolitana Oriente casi sin variaciones.
La trayectoria del juez también incluye episodios polémicos previos. En 2020, Urrutia modificó la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para 13 imputados de la “primera línea” en el estallido social, decisión que fue revocada el mismo día por la Corte de Apelaciones. Tras un periodo apartado de sus funciones y un sumario, fue reintegrado al Séptimo Juzgado de Garantía en 2021. Asimismo, a inicios de este año, fue cuestionado por el gobierno tras autorizar videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
