La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República para que se realice una auditoría exhaustiva a la Policía de Investigaciones (PDI). La parlamentaria busca esclarecer las gestiones de la institución frente a las denuncias por el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes extranjeros al país, un caso que actualmente es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.
La vicepresidenta de la Cámara Baja reveló que ya había oficiado a la policía civil en abril de 2025, alertada por testimonios sobre flujos inusuales en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Según relató la legisladora, un trabajador del recinto aeroportuario le advirtió que observaba a muchos niños entrando al país sin compañía de adultos. Pese a que envió un oficio, la respuesta recibida fue calificada por ella como una respuesta absolutamente inocua, que no aportaba información de fondo.
Detalles del oficio de la diputada Ossandón
El documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío detalla que Ossandón manifestó su preocupación por el ingreso constante de migrantes, especialmente menores de edad, bajo la premisa de la reunificación familiar. En el texto, la diputada advirtió que esta situación ejerce una presión creciente sobre los servicios públicos de salud y educación, afectando la calidad de atención para la población en general.
La parlamentaria solicitó en aquel entonces al ex director general de la PDI un informe detallado desde el 1 de enero de 2024 sobre el ingreso de menores de nacionalidad haitiana, venezolana y colombiana. Específicamente, requirió datos sobre tipos de vuelos, cantidad de niños por día y el tipo de visado o resolución administrativa utilizada para autorizar su entrada al territorio nacional.
La postura de la PDI frente a la consulta
Ante el cuestionamiento, la PDI argumentó que su sistema de control migratorio no cuenta con subcategorías específicas para la reunificación familiar, clasificando todos esos ingresos bajo la categoría general de Residencia temporal. La institución enfatizó que su rol es verificar la documentación, pero que la calificación de la residencia es competencia exclusiva del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), según lo dicta la Ley N° 21.325.
La calificación y el otorgamiento de esta subcategoría, así como la autorización de la residencia correspondiente, son competencia exclusiva de la Autoridad Administrativa, según lo establecido en el Artículo 19, N° 1 de la Ley N° 21.325.
Tras la respuesta, Ossandón sostuvo que la institución quedó como en nada. Ante la falta de respuestas claras, la bancada de RN decidió escalar la situación a Contraloría. ¿Qué resultados arrojará la auditoría sobre los controles fronterizos? El desenlace de esta investigación será clave para determinar si existieron falencias en el cumplimiento de los protocolos migratorios durante el último periodo.
