Un grave incidente ocurrido durante una fiscalización en una desarmaduría ilegal de Villa Alemana terminó con el principal responsable en prisión preventiva. El imputado, un hombre de 69 años, fue formalizado por la Fiscalía Local tras intentar atacar a un inspector municipal utilizando combustible y una antorcha encendida en calle Huanhualí.
¿Qué ocurrió durante la fiscalización en Villa Alemana?
El procedimiento, que contaba con la participación de funcionarios municipales y Carabineros, buscaba gestionar el retiro de vehículos desde el inmueble mencionado. Según los antecedentes presentados, el sujeto salió al encuentro de las autoridades portando una antorcha y combustible, amenazando directamente a los uniformados antes de arrojar bencina al trabajador municipal.
Lo principal son las imágenes que se tienen de la acción del imputado manteniendo una antorcha en sus manos, bencina en sus manos, y también las declaraciones tanto del funcionario de Carabineros que participó en el procedimiento, como también el funcionario municipal que fue agredido con la bencina.
El fiscal de Villa Alemana, Sergio Morales Valenzuela, explicó que la calificación jurídica del caso se configuró como homicidio tentado. El persecutor detalló que, pese a la ausencia de una pericia técnica que certifique la composición exacta del líquido, los testimonios de los afectados y la necesidad de atención médica inmediata tras el contacto con la sustancia corroboran la gravedad del ataque.
Situación judicial y penas posibles
Durante la audiencia de formalización, la defensa intentó cuestionar la falta de pruebas científicas sobre el líquido utilizado. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que el registro audiovisual del hecho es contundente. El fiscal Morales fue enfático al señalar que el sujeto mantenía los elementos suficientes para concretar la muerte del inspector, lo cual no ocurrió gracias a la rápida intervención de los presentes para proteger al funcionario.
Respecto al futuro procesal del imputado, se confirmó que no presenta antecedentes penales previos ni denuncias anteriores por amenazas de esta naturaleza. De ser declarado culpable, el hombre arriesga una pena de crimen que parte en los cinco años y un día de presidio con cumplimiento efectivo. Actualmente, la Fiscalía continúa con las diligencias para recabar más pruebas audiovisuales, mientras que el municipio ha comprometido acciones legales ante lo que califican como un acto de extrema violencia contra sus funcionarios.
