El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de las críticas opositoras que apuntan a una supuesta falta de equilibrio en el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. En una vocería realizada este martes desde La Moneda, la autoridad defendió la iniciativa del Gobierno, la cual recibió suma urgencia en la Cámara de Diputadas y Diputados durante la jornada de este lunes.
Ante las dudas sobre cómo se diferenciará el tratamiento entre delitos e incivilidades, Pavez aclaró que el proyecto busca que cada conducta reciba la sanción estipulada por el ordenamiento jurídico. “Lo que hace el proyecto es distinguir algunas conductas que son delitos y algunas que son incivilidades y que no están castigadas como delitos”, precisó.
La lógica tras el registro de incivilidades
El subsecretario detalló que el objetivo de la medida es doble: por un lado, asegurar que las conductas sigan el camino legal correspondiente y, por otro, que sean incorporadas a este nuevo registro único. Según la autoridad, esto incluye tanto delitos graves como acciones que afectan otros bienes jurídicos, ejemplificando con casos como el consumo de drogas en espacios públicos o el rayado de monumentos nacionales.
El objetivo de fondo es que vuelva la cultura del orden a nuestro país, comentó Pavez, enfatizando que todas las sanciones deberán estar respaldadas por una sentencia firme y ejecutoriada antes de su inscripción oficial.
Proporcionalidad y márgenes de sanción
Sobre el cuestionado desequilibrio en las penas, Máximo Pavez aseguró que existen criterios diferenciadores claramente definidos. “Los delitos más graves van a tener sanciones especialmente graves, como la pérdida de la gratuidad; hay algunas sanciones que no van a tener la pérdida de la gratuidad”, explicó el personero.
Finalmente, el subsecretario recalcó que la permanencia en el registro será gradual. La distinción entre quienes cometen delitos de mayor connotación y aquellos que incurren en incivilidades menores representa los “márgenes de proporcionalidad” que el Ejecutivo ha integrado en el texto legislativo. El llamado ahora queda en manos del Congreso, donde se deberá determinar el catálogo definitivo de conductas sujetas a esta nueva regulación estatal.
