La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, presentó la noche de este lunes su respuesta formal ante la acusación constitucional que enfrenta. En un documento de 161 páginas, el equipo jurídico del economista solicitó que el libelo sea declarado inadmisible o, en su defecto, rechazado en su totalidad al considerar que carece de sustento jurídico y técnico.
El texto aborda cada uno de los cuatro capítulos del escrito acusatorio, cuestionando que los parlamentarios no logran identificar conductas específicas atribuibles al exsecretario de Estado. Según la defensa, el documento se limita a cuestionar decisiones técnicas de política fiscal sin precisar acciones u omisiones que infrinjan la Constitución o las leyes.
La desestimación del error por US$10.500 millones
Uno de los ejes centrales de la defensa apunta a desmentir la supuesta “omisión” de US$10.500 millones en las cuentas fiscales. Los abogados sostienen que esta cifra proviene de un error técnico de los acusadores al asumir que cualquier variación en el déficit fiscal debe reflejarse idénticamente en la deuda pública.
El escrito explica que factores como el “ajuste flujo-stock” y el tipo de cambio generan diferencias naturales entre ambos indicadores. Como prueba, la defensa recordó que en 2021 existió una brecha de cerca de US$17.600 millones entre el déficit proyectado y la deuda, sin que aquello fuera considerado una irregularidad en su momento. Al respecto, el exministro fue tajante:
Si una discrepancia de ese tipo constituyera una irregularidad, habría que arribar a la misma conclusión respecto de aquel episodio, algo que nunca ocurrió.
El precedente de la Contraloría y la transparencia
La defensa también invocó un pronunciamiento previo de la Contraloría General de la República. En septiembre de 2025, los diputados Miguel Mellado y Frank Sauerbaum denunciaron a la exdirectora de la Dipres por supuestas faltas a la probidad en las proyecciones del Presupuesto 2025, denuncia que fue desestimada por el ente fiscalizador.
El escrito señala que, si la Contraloría descartó responsabilidades en documentos elaborados por la Dirección de Presupuestos, resulta improcedente imputar infracciones constitucionales al ministro. Además, se enfatizó que bajo su gestión se fortalecieron los estándares de transparencia mediante la Ley N.º 21.683 y mejoras en el indicador internacional Open Budget Survey 2025.
Finalmente, la defensa advirtió que la acusación busca transformar un mecanismo jurídico de control en una herramienta de disputa política. El exministro solicita ahora que la Cámara de Diputadas y Diputados desestime el libelo, marcando un hito en el avance del proceso legislativo que determinará el futuro de esta acusación en los próximos días.
