Una ofensiva legislativa busca esclarecer la trata de menores haitianos en Chile, luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara deficiencias críticas en el control migratorio. Las bancadas de la UDI y el Partido Republicano han impulsado la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados para determinar responsabilidades políticas tras detectarse que cientos de niños ingresados bajo la figura de reunificación familiar están inubicables.
Fiscalizaciones y cifras del descontrol migratorio
El informe del ente contralor analizó el desempeño del Servicio Nacional de Migraciones durante el año 2025, periodo en el cual ingresaron 3.235 ciudadanos haitianos con residencia temporal. De esa cifra total, 2.792 lo hicieron bajo el mecanismo de reunificación familiar. Las alarmas se encendieron tras las fiscalizaciones realizadas entre el 13 y el 28 de enero de 2026, donde se constató que los menores no habitaban los domicilios declarados ni estaban bajo la custodia de los adultos responsables registrados.
La Contraloría detectó una cadena de omisiones: el organismo migratorio no verificó datos críticos sobre domicilios ni la identidad de tutores, además de fallar en la notificación interna de 98 niños y adolescentes a la Subsecretaría de la Niñez. La diputada Natalia Romero (UDI) calificó los antecedentes como «extremadamente graves» y señaló que «lo urgente es saber dónde están esos niños, quiénes los tienen y cómo ingresaron con controles tan deficientes».
Estamos frente a una situación inédita en Chile. El informe de Contraloría expone antecedentes extremadamente graves que podrían configurar delitos de trata de menores.
El diputado Mario Olavarría (UDI) reforzó la necesidad de fiscalizar a instituciones como la PDI, la DGAC y la Defensoría de la Niñez ante la ausencia de documentos que acrediten lazos familiares y la existencia de vuelos chárter bajo investigación de la Fiscalía.
Republicanos y el Frente Amplio ante la crisis
La bancada del Partido Republicano busca elevar el alcance de la indagatoria. Los diputados Benjamín Moreno y Leandro Kunstmann proponen que la comisión revise el flujo migratorio haitiano desde 2014 hasta la fecha, abarcando las administraciones de Michelle Bachelet y Gabriel Boric para identificar negligencias u omisiones deliberadas.
Desde la vereda opositora, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) coincidió en la gravedad del asunto, instando a aplicar la ley con rigor pero advirtiendo contra la estigmatización. «No podemos permitir que esta situación termine alimentando discursos de odio o estigmatización contra la comunidad migrante haitiana», declaró la parlamentaria, enfatizando que el interés superior de los niños debe primar sobre la disputa política.
Actualmente, el Congreso se prepara para votar la conformación de estas instancias fiscalizadoras. El éxito de estas comisiones dependerá de la capacidad de los legisladores para obtener información trazable sobre el paradero de los menores y definir si el Estado fue negligente ante una posible red de tráfico de personas, un proceso que promete tensar la agenda legislativa durante los próximos meses.
