Una fuerte controversia generó en el Congreso la discusión del proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa, a la cual el Ejecutivo le otorgó suma urgencia, ha encendido las alarmas en parlamentarios de oposición, quienes advierten que la redacción actual podría incluir a ciudadanos que simplemente organicen rifas o bingos a beneficio.
El diputado Luis Cuello (PC) fue uno de los más críticos durante la sesión en la Sala de la Cámara. El legislador efectuó una reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto iguala de manera injusta delitos de alta gravedad con conductas menores que forman parte de la vida cotidiana de las organizaciones sociales.
Se trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que montar una lotería.
En la misma línea, el jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, reforzó la preocupación sobre el impacto real que tendrá la medida en la comunidad. Según el diputado, el texto legal afectará directamente a instituciones que dependen de estos sorteos para su financiamiento debido a la falta de apoyo estatal.
El parlamentario explicó que, al establecer el ingreso a este registro de quienes desarrollen loterías sin la debida autorización, se estaría criminalizando una práctica común. “O sea, todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está, se organicen; pues bien, si son sancionados, van a entrar al Registro Vándalos”, planteó Leiva.
¿Qué sigue para este registro?
El proyecto mantiene un ambiente tenso en el legislativo debido a la disparidad de las faltas que busca catalogar. Mientras el Gobierno busca endurecer las sanciones contra incivilidades, la oposición insiste en que la amplitud del texto podría derivar en una persecución administrativa contra ciudadanos y organizaciones sin fines de lucro. El debate continuará durante los próximos días, donde se espera que se propongan indicaciones para acotar el alcance de la ley antes de su votación final.
