Investigación por tráfico de menores
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ha dado un paso clave en la lucha contra posibles redes de explotación. Este lunes, el organismo presentó ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una denuncia penal que apunta a un eventual delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la fachada de reunificación familiar.
La acción judicial, liderada por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, surge tras meses de fiscalizaciones conjuntas realizadas entre enero y octubre de 2025. En estos operativos participaron activamente la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).
Cifras alarmantes y falta de vínculos
La denuncia se sustenta en seis documentos clave que revelan un patrón preocupante. Se detectó que, al menos, 12 adultos —tanto de nacionalidad chilena como extranjera— ingresaron de manera reiterada al país asumiendo la responsabilidad de grupos que oscilaban entre los dos y los 18 menores de edad.
Según los antecedentes recopilados, estas personas no mantienen ningún vínculo de consanguineidad ni lazos familiares reales con los niños. Además, se constató que no contaban con las autorizaciones obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.
Próximos pasos en la justicia
Frank Sauerbaum fue enfático al señalar la importancia de este caso: «Hemos presentado esta denuncia en el Ministerio Público, de que contamos con un conjunto de antecedentes que dan cuenta de hechos que tienen que ser investigados». El director agregó que la gravedad de los posibles delitos que involucran a menores justifica la prioridad que deben darle tanto el Ministerio Público como la PDI.
El objetivo central de la investigación es determinar la ubicación exacta de estos menores y esclarecer si detrás de este sistema de traslados existe una red criminal compleja que opera bajo el amparo de la normativa migratoria. La autoridad busca determinar si estos ingresos esconden una trama de tráfico de personas, marcando un precedente en el control de fronteras y protección de la infancia vulnerable.
