Un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en la mira al aparcadero municipal de Villarrica, en la región de La Araucanía. El documento, identificado como el informe final número 160, expuso una serie de irregularidades críticas en el funcionamiento, administración y control de vehículos bajo custodia del recinto, cuestionando la legalidad de los servicios prestados.
Entre los hallazgos más graves, el organismo fiscalizador detectó que el director de control de la Municipalidad de Villarrica intervino directamente en gestiones para retirar un vehículo desde el recinto. Dicho proceso culminó con la obtención de un poder para disponer del auto, el cual terminó transferido a un familiar directo del funcionario, lo que la Contraloría calificó como una eventual vulneración al deber de probidad administrativa.
Conflictos de interés y gestión irregular
La auditoría también reveló que dos funcionarios municipales figuraban como propietarios de la empresa concesionaria que operó el aparcadero entre los años 2023 y 2025. Esta dualidad de roles constituye una situación de conflicto de interés que contraviene la normativa vigente. Al respecto, el concejal Jaime Beltrán calificó el escenario como una situación de “suma irregular”.
“Una situación gravísima de suma irregular, compleja por todas las listas que conlleva: vulneración de la prioridad, conflictos de interés, cobros indebidos y pagos externos al sistema, tarifas abusivas no autorizadas, una operación ilegal irregular respecto al espacio”, señaló el concejal Beltrán.
El edil añadió que el concejo municipal apoyará todas las acciones instruidas por la Contraloría, incluyendo el inicio de eventuales acciones judiciales ante la gravedad de los hechos denunciados.
Deficiencias en cobros y seguridad
El informe detalla que la concesionaria operó durante todo el periodo analizado sin contar con una patente comercial vigente. Además, el recinto funcionó en una ubicación física distinta a la estipulada en el contrato, sin que mediara una modificación formal aprobada por el municipio. Se detectaron casos donde, a pesar de reportarse condonaciones de costos, se realizaron cobros a propietarios sin ningún tipo de respaldo tributario o registro formal.
La revisión también evidenció fallas en los registros de entrada y salida, incumplimientos contractuales y la realización de remates que omitieron requisitos legales fundamentales, incluso sobre vehículos que mantenían encargo policial vigente. Ante esto, la CGR instruyó al municipio elaborar un catastro de cierre del aparcadero, gestionar el cobro de deudas por patentes y establecer una nueva ordenanza de custodia.
La Municipalidad de Villarrica, bajo la administración del alcalde Pablo Astete, tiene ahora un plazo de 60 días hábiles para informar sobre las medidas correctivas adoptadas. La comunidad local se mantiene a la espera de ver si estas sanciones administrativas derivarán en querellas contra los responsables involucrados.
