El inminente cierre del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Chanco ha desatado una fuerte controversia en la Región del Maule. La medida, que implica el traslado de los 17 internos que actualmente cumplen condena en el recinto, fue notificada administrativamente hace pocos días, desatando críticas por parte de parlamentarios que acusan falta de transparencia y una desconexión total con la realidad local.
¿Por qué se oponen al cierre del recinto?
La senadora Andrea Balladares (RN) ha liderado el cuestionamiento hacia el Ministerio de Justicia y Gendarmería, calificando el proceso como secretista.
Rechazamos esta decisión. No es aceptable que una medida de esta magnitud se adopte sin informar a las autoridades regionales, sin dialogar con los vecinos y sin entregar fundamentos claros.
Para la parlamentaria, resulta contradictorio clausurar una unidad penal en medio de una crisis nacional por hacinamiento carcelario, proponiendo en cambio reconvertir el edificio para la reinserción social de internos de baja peligrosidad.
Impacto en la comunidad y dudas laborales
Por su parte, el diputado Daniel Bustos (Partido Republicano) denunció que las decisiones se están tomando desde Santiago sin considerar el impacto socioeconómico en la comuna de Chanco. El parlamentario señaló que ha recibido múltiples alertas de vecinos y trabajadores del recinto ante la incertidumbre laboral que enfrentan los funcionarios que serán trasladados próximamente.
Bustos recordó que, históricamente, el CDP de Chanco ha operado con reos de baja peligrosidad, lo que permitiría utilizar la infraestructura como una válvula de escape para aliviar la sobrepoblación en otras cárceles del país. Asimismo, resaltó el valor patrimonial del inmueble como un componente esencial para la identidad de la zona.
Ante este escenario, tanto Balladares como Bustos han exigido al Gobierno congelar de inmediato el proceso de clausura. La propuesta central es la creación de una mesa de trabajo que evalúe transformar el centro penitenciario en una unidad especializada, enfocada específicamente en adultos mayores o personas con un bajo compromiso delictual. Actualmente, el futuro del recinto permanece en suspenso mientras crece la presión para que las autoridades de justicia abran un diálogo con la comunidad y el poder legislativo regional.
