La jueza de Garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera, se encuentra en el centro de una grave denuncia por prevaricación presentada por el Ministerio Público. El caso, que sacude al sistema judicial local, sostiene que la magistrada habría intervenido en más de 40 causas a pesar de mantener una estrecha relación de amistad con las abogadas defensoras involucradas, Andrea Romero y Susana Cortés.
Entre los expedientes cuestionados destacan investigaciones vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Un punto clave que ha generado suspicacias es que ninguna de las resoluciones dictadas por Palomera en dichos procesos fue objeto de recursos por parte de la Fiscalía. Este organismo era el lugar donde se desempeñaba el ex fiscal Rodrigo Durán, quien es esposo de la abogada Romero y que, actualmente, enfrenta también una querella de capítulos.
El paso por el Tribunal Constitucional
El trasfondo de esta controversia salió a la luz pública mediante una presentación realizada por la defensa de la jueza, encabezada por el abogado Pelayo Vial, ante el Tribunal Constitucional (TC). A través de este recurso, la defensa buscaba impugnar la querella de capítulos presentada por la Fiscalía, la cual es la vía legal necesaria para lograr la formalización de la magistrada en el marco de la investigación por corrupción judicial en Los Ángeles.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento interpuesto a favor de Palomera. Esta resolución del organismo despeja el camino para que el proceso de la querella por prevaricación continúe su curso legal en las instancias correspondientes.
¿Qué sigue en la investigación contra la jueza?
Actualmente, el Ministerio Público se encuentra a la espera de que se agende la fecha para los alegatos. Este trámite seguirá una dinámica similar a la que ya se experimentó durante el proceso de la querella dirigida contra el ex persecutor Rodrigo Durán.
Cabe recordar que este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual, conforme al Artículo 04 del Código Procesal Penal, no se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
