El avance del caso Puerto Coronel ha dado un giro significativo en los tribunales. La justicia acogió la solicitud de la Fiscalía para separar las causas judiciales tras la ampliación de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la cual imputa a la empresa portuaria por presunto soborno.
Este escenario judicial involucra directamente al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y al concejal en ejercicio durante el periodo investigado, Eduardo Araya. Con este dictamen, la compañía portuaria deja de figurar únicamente como víctima, pasando a tener la calidad de imputada en la investigación.
Situación legal de la empresa
Originalmente, la portuaria inició este proceso judicial en calidad de querellante. Sin embargo, tras las resoluciones del Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones de Concepción, sus derechos como tal fueron suspendidos. La empresa ha intentado revertir esta situación mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema, buscando recuperar su rol original.
A pesar de esta estrategia legal, el tribunal de primera instancia decidió separar las causas a petición del Ministerio Público. Esta medida implica una dualidad jurídica inédita para la compañía: Puerto Coronel podría mantener su calidad de querellante en una línea investigativa, mientras es, simultáneamente, querellada en otra.
Próximos pasos en la investigación
El horizonte judicial para los involucrados se mantiene activo. Se espera que para este viernes 19 de junio se lleve a cabo una audiencia clave en la que se discutirá un nuevo plazo de investigación.
El Ministerio Público busca profundizar en diversas aristas del caso, que incluyen delitos de carácter tributario, soborno, cohecho y administración desleal. La resolución de la Corte Suprema respecto al recurso de queja de la empresa será determinante para definir si la portuaria logra recuperar su capacidad de acción como parte querellante en la totalidad de la causa o si la separación ordenada por el tribunal se mantendrá de forma definitiva.
