La crisis de seguridad en México cobró una nueva víctima fatal. El alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, fue asesinado a tiros en su domicilio durante la mañana de este día. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el crimen y detalló que el ataque ocurrió mientras el jefe comunal se encontraba en su residencia.
¿Qué se sabe del caso? Las autoridades han desplegado a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y a especialistas del Instituto de Servicios Periciales para procesar la escena. Según el comunicado oficial, ya se trabaja en las investigaciones por delitos de alto impacto, aunque hasta el momento no se registran personas detenidas ni una línea clara sobre el móvil del homicidio.
Antecedentes de violencia y solicitud de protección
El asesinato no ocurre de forma aislada. El pasado 22 de mayo, el alcalde había sido víctima de una violenta emboscada en la carretera Acatlán-Oaxaca. En esa oportunidad, un grupo de sujetos armados interceptó su vehículo, golpeando brutalmente tanto a Bravo Martínez como a los integrantes de su equipo de trabajo.
Tras aquel incidente, el edil había manifestado públicamente su preocupación por su integridad física y solicitó formalmente protección a las autoridades estatales. Esta zona de México es conocida por ser un escenario crítico de disputas territoriales entre bandas del crimen organizado que se pelean el control de las rutas de narcotráfico.
Reacciones ante el crimen en Oaxaca
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se refirió al hecho condenando el atentado y prometiendo que el Estado no será indiferente ante la violencia. Al respecto, el mandatario regional declaró:
“En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades”
Bravo Martínez, quien militaba en el Partido Acción Nacional (PAN), había competido en las elecciones de 2024 bajo la coalición que integró junto al PRI y el PRD. Por ahora, el caso se mantiene bajo estricta reserva mientras las fuerzas de seguridad refuerzan el despliegue en la zona, dejando abierta la interrogante sobre la eficacia de los protocolos de protección para autoridades locales amenazadas por el narcotráfico.
