FNE apunta a las fallas en el Ministerio de Vivienda
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una serie de reformas críticas al Reglamento del Registro Nacional de Contratistas y al Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). La cartera, actualmente encabezada por el ministro Iván Poduje, está bajo la lupa tras detectarse que ciertas normativas internas estarían fomentando retrasos, incrementando los costos y afectando la libre competencia en el sector.
El informe de la División Antimonopolios de la FNE, derivado de una consulta presentada por diversas constructoras, sostiene que existen tres áreas críticas que impactan la ejecución de proyectos estatales: la relación entre empresas, la falta de reglas claras en la subcontratación y la ausencia de mecanismos efectivos para resolver controversias entre las partes.
¿Por qué se retrasan y encarecen las obras públicas?
Según el análisis de la FNE, las restricciones actuales han provocado incertidumbre, lo que se traduce directamente en mayores costos para el Estado y una menor competitividad en las licitaciones. El organismo advierte que prohibir la inscripción simultánea de empresas relacionadas en el Registro Nacional de Contratistas puede actuar como una barrera de entrada para nuevos competidores, aunque subraya que el levantamiento de esta medida debe ser cauteloso.
Las medidas buscan prevenir riesgos de coordinación, intercambio de información estratégica y competencia simulada entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial.
Para mitigar riesgos, la Fiscalía sugiere implementar controles que eviten la participación simultánea de empresas de un mismo dueño en una misma licitación, replicando estándares de la Ley de Compras Públicas.
Propuestas para una nueva subcontratación
Uno de los puntos más complejos detectados por la FNE es la ambigüedad en la subcontratación. Actualmente, la falta de una definición normativa clara genera heterogeneidad en cómo los distintos Serviu del país aplican los límites, afectando la eficiencia de las obras.
Ante este escenario, la entidad propuso una reforma profunda:
- Establecer una definición legal expresa de la subcontratación.
- Fijar un límite porcentual máximo de subcontratación de carácter nacional y obligatorio.
- Prohibir la subcontratación horizontal entre empresas inscritas en el mismo registro y categoría.
- Restringir la capacidad de los subcontratistas para volver a subcontratar labores asignadas.
Finalmente, la FNE enfatizó la necesidad urgente de modernizar la resolución de conflictos. Al no existir mecanismos especializados y vinculantes, los proyectos quedan expuestos a parálisis y mayores costos. El organismo recomienda instaurar procedimientos claros, predecibles y transparentes. La pelota está ahora en la cancha del TDLC, cuyo fallo podría marcar un antes y un después en cómo el Estado contrata su infraestructura pública.
