La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas dio luz verde al proyecto que busca eliminar el feriado irrenunciable durante los días de elecciones y plebiscitos. Esta iniciativa, impulsada por un grupo de parlamentarios de derecha, pretende mitigar el impacto económico que este tipo de jornadas genera en el sector comercial del país.
¿Cuánto dinero pierde el comercio con los feriados electorales? Según antecedentes citados por los legisladores, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, detalló que la merma económica registrada durante los sufragios de 2023 alcanzó la cifra de 7.700 millones de pesos.
¿Un retroceso en los derechos laborales?
La propuesta ha generado una fuerte división. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su secretario general, Eric Campos, lanzó una advertencia sobre los riesgos de esta modificación legal, instando a los trabajadores a mantenerse alerta ante posibles cambios en la normativa vigente.
A nosotros nos parece que esto es un profundo retroceso. Nos parece que la gente debiese estar alerta porque no podemos permitir que retrocedamos en derechos que los trabajadores del comercio ya tenían.
En la vereda opuesta, el abogado laboralista Aldo Fendez argumenta que la medida no vulnera derechos adquiridos, sino que representa un ajuste en los estándares de protección. Según Fendez, el beneficio no formaba parte del patrimonio permanente de los empleados, ya que dependía directamente de una norma legal sujeta a cambios por parte del legislador.
La postura de las pymes y el futuro de la ley
El impacto en los pequeños empresarios también es un eje central del debate. Gianina Figueroa, directora de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, subrayó la necesidad de buscar un punto de equilibrio entre la salud de la economía y la participación ciudadana en las urnas.
Creemos que es legítimo evaluar mecanismos que permitan mantener la actividad económica, especialmente para el pequeño comercio que tiene menos capacidad de adaptación que las grandes empresas. El desafío es encontrar un equilibrio que garantice el derecho de las personas a votar y participar.
Tras ser despachado por la Cámara, el proyecto ahora debe ser discutido en el Senado. De ser aprobado sin modificaciones en la Cámara Alta, el texto quedará en condiciones de ser promulgado como ley por el presidente José Antonio Kast, marcando un cambio definitivo en la gestión de las jornadas electorales en Chile.
