La Acusación Constitucional (AC) contra el exministro Nicolás Grau enfrenta una fase crítica mientras surgen nuevas polémicas por la gestión del Censo 2024. La reciente constatación por parte de la Contraloría de que 16 personas con antecedentes penales trabajaron como censistas ha encendido las alarmas, provocando la apertura de un sumario administrativo en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la situación como grave y apuntó directamente a la responsabilidad política de la administración anterior.
“Nosotros dijimos: ‘Estos son hechos graves, están en la administración anterior’. Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y, evidentemente, puede haber responsabilidad política por parte del ministro Grau”
, declaró el secretario de Estado ante los medios.
Estas afirmaciones provocaron una rápida respuesta de los exintegrantes del gabinete. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la integridad del proceso censal y descartó que estos fallos afecten la calidad de la información recopilada. Marcel instó a la actual autoridad a enfocarse en su gestión:
“Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo que fijarse en este, en estos detalles, de un proceso como el Censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy en día trabajando”
.
Incógnitas en la votación del Congreso
Mientras se debate la responsabilidad técnica y política del exministro, en el Congreso la atención se centra en la votación final de la AC, impulsada por legisladores libertarios y republicanos. Aunque la comisión revisora iniciará sus sesiones formales la próxima semana, los cálculos en las bancadas son intensos.
El Partido de la Gente (PDG) figura actualmente como uno de los actores clave. Su líder, Franco Parisi, manifestó que confía en que la bancada actúe de manera colectiva tras analizar los antecedentes:
“Estoy seguro de que la bancada del PDG va a tomar una decisión colectiva cuando tenga a la vista todos los antecedentes y, una vez evacuado el informe de la comisión investigadora, yo creo que van a tener una reunión. Es lo más lógico”
.
Por su parte, la Democracia Cristiana también mantiene sus cartas guardadas. En la colectividad reconocen estar abiertos a votar a favor de la acusación, pero han definido que cualquier postura institucional será comunicada recién durante la próxima semana. Con un panorama de números estrechos, la resolución final de este proceso constitucional sigue siendo una moneda al aire que promete marcar la agenda legislativa de los próximos días.
