Tensión en el oficialismo por seguridad
La intención de la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) de modificar la Ley Naín-Retamal ha generado una fuerte reacción desde el Ejecutivo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la propuesta como un intento de debilitar el accionar de Carabineros y la labor de Gendarmería en el país.
La Ley Naín-Retamal es una normativa clave en la actual estrategia de seguridad, ya que establece la legítima defensa privilegiada para los funcionarios policiales. Según el PC, su propuesta no busca eliminar este derecho, sino equiparar el estándar al régimen general que rige para el resto de la población.
La postura del Ejecutivo ante el proyecto
Pavez fue enfático al señalar que el Gobierno no brindará su respaldo a este proyecto. “Lamentamos que haya fuerzas en la izquierda, fundamentalmente en el Partido Comunista, que tengan como propósito debilitar el accionar de Carabineros”, sentenció el subsecretario.
Además, realizó un llamado al Congreso Nacional para actuar con responsabilidad y priorizar iniciativas que fortalezcan a las policías. En su crítica, el subsecretario apuntó a los parlamentarios comunistas, señalando que son los mismos actores que anteriormente promovieron una refundación de las policías y del sistema constitucional, y que ahora intentan derogar medidas que refuerzan la seguridad pública.
Próximos pasos en la agenda de seguridad
Frente a este escenario, el Gobierno ha definido su hoja de ruta. El subsecretario Pavez informó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se encuentra analizando todas las propuestas parlamentarias destinadas a potenciar la labor de la institución policial.
El objetivo central es que estas medidas permitan una mejora tangible en la actuación policial y en la percepción ciudadana sobre la seguridad. Aquellas iniciativas que cumplan con estos criterios serán evaluadas por el Ejecutivo para su eventual incorporación en la agenda legislativa de La Moneda.
El debate ha escalado rápidamente en el ámbito político. Otros actores han manifestado su rechazo, como el diputado Luciano Cruz-Coke, quien cuestionó la postura del PC señalando que, al estar fuera del poder, la colectividad tiende a fomentar la protesta de manera violenta. Paralelamente, la UDI ha puesto sobre la mesa propuestas adicionales, como la revocación de pensiones de gracia a individuos con antecedentes penales, en el marco de las medidas por el estallido social.
