La Corte Suprema ha decidido intensificar su respuesta ante el escándalo de funcionarios judiciales que realizaron viajes al extranjero mientras permanecían con licencia médica. El pleno del máximo tribunal determinó abrir los primeros procesos de remoción contra los involucrados, sumado a una revisión exhaustiva de sumarios administrativos que anteriormente habían culminado en sanciones leves, sobreseimientos o absoluciones.
Esta decisión estratégica surge tras la revisión de una tanda inicial de apelaciones provenientes de los sumarios iniciados por los antecedentes entregados por la Contraloría. La medida marca un precedente sobre cómo la institución gestionará las faltas a la probidad detectadas durante el periodo de reposo laboral.
Preocupación en los gremios judiciales
Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, su presidente, Marcelo Acevedo, expresó inquietud por el enfoque de este proceso. El dirigente cuestionó que las revisiones se hayan centrado mayoritariamente en jueces, señalando una posible disparidad de criterio frente a otros escalafones del sistema.
Nos ha preocupado mucho en la Tercera Sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de medir el caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones.
Por su parte, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, encabezada por Patricio Aguilar, mantiene una postura cautelosa. Aguilar advierte que cualquier definición formal de su organización depende de cómo la Corte resuelva temas críticos como la prescripción de los hechos investigados y la aplicación del Acta 108-2024.
Dicha acta regula la posibilidad de sancionar conductas contrarias a la probidad ocurridas hasta dos años atrás. El líder gremial enfatizó que determinar si se mantendrán estos límites temporales será el factor clave para conocer el alcance real de las responsabilidades administrativas.
El caso del juez Daniel Urrutia
Las próximas semanas serán determinantes para el futuro administrativo de varios funcionarios. Entre los casos más observados se encuentra el del magistrado Daniel Urrutia, quien previamente había sido sobreseído por la Corte de Apelaciones bajo el argumento de prescripción.
No obstante, fuentes internas de tribunales indican que el criterio actual respecto a la prescripción podría haber escalado a los 5 años. Este cambio de perspectiva normativa complicaría significativamente la situación legal del juez, dejando abierta la interrogante sobre cuántos otros funcionarios enfrentarán procesos de destitución en la etapa final de este caso.
