Un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción marcó un precedente para los pacientes con Covid Persistente en Chile. El tribunal acogió un recurso de protección presentado por una enfermera, ex funcionaria del Hospital Regional de Concepción, tras determinar que la decisión de las mutuales de retirar sus prestaciones de salud fue ilegal y arbitraria, provocando un agravamiento en su condición física.
El conflicto entre las mutuales y la profesional
La disputa se originó cuando la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), encargados de gestionar el tratamiento de la enfermedad laboral de la mujer, retiraron abruptamente las atenciones médicas a principios de este año. La afectada, identificada como Lilian Cifuentes, se quedó sin acceso a especialistas fundamentales para su recuperación, tales como cardiólogos y médicos broncopulmonares.
Según la denunciante, esta interrupción no solo contravino las instrucciones previas de la Superintendencia de Seguridad Social, sino que deterioró gravemente su salud. Ante la falta de respuesta de los organismos, que se responsabilizaron mutuamente por la decisión de cortar el suministro de salud, la enfermera recurrió a la justicia.
La resolución del tribunal de alzada
El abogado de la profesional, Zakjaris Rojas, confirmó que tras analizar la totalidad de los antecedentes presentados, los magistrados determinaron que la medida carecía de fundamento legal. El tribunal ordenó que se restituya de forma inmediata el tratamiento especializado para la paciente, basándose en la normativa vigente que regula las enfermedades laborales derivadas de la pandemia.
La medida adoptada por ambas mutuales fue calificada como arbitraria por el tribunal, exigiendo la reposición del tratamiento médico según las instrucciones claras emanadas por la Superintendencia.
El fallo dictado es de primera instancia, por lo cual tanto la Asociación Chilena de Seguridad como el Instituto de Seguridad Laboral aún mantienen la facultad de elevar el caso ante la Corte Suprema para buscar una revisión de la sentencia. Por ahora, el sistema de salud debe garantizar la continuidad de la atención que la enfermera requiere para tratar su dolor crónico y los efectos persistentes del virus.
