La disputa judicial entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el actual jefe comunal, Mario Desbordes, escaló a instancias penales. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella por denuncia calumniosa interpuesta por la defensa de la exautoridad, encabezada por el abogado Miguel Schurmann, dando inicio a una investigación formal contra el actual edil.
La resolución, con fecha del 10 de junio de 2026, establece que los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público para que se realicen las diligencias pertinentes. La querella, un escrito de 18 páginas, sostiene que Desbordes habría incurrido en el delito de denuncia calumniosa al presentar una acción por fraude al Fisco contra Hassler, a pesar de conocer que dichos hechos ya habían sido investigados y cerrados en septiembre de 2025.
El eje de la acusación: cosa juzgada y supuesta instrumentalización
El documento legal es enfático al señalar que Desbordes presentó la querella «maliciosamente», a sabiendas de que los eventos ya contaban con un sobreseimiento definitivo. Según los abogados de la exalcaldesa, la acción del actual alcalde busca una explotación política de un proceso que ya fue analizado tanto por el tribunal de garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El querellado (Desbordes) ha presentado maliciosamente una querella criminal calumniosa (…) a sabiendas de que esos mismos hechos fueron sometidos a una extensa investigación (…) que culminó con el sobreseimiento definitivo (…) por estimarse que no se había perpetrado ningún acto constitutivo de delito.
La defensa califica al alcalde como un «querellante crónico», argumentando que abusa del aparato jurídico penal para reactivar discusiones ya clausuradas. El conflicto original, recordado en el escrito, se remonta a 2022, cuando el municipio intentó adquirir inmuebles para la reposición del Cesfam Padre Orellana por un valor de 234.124 UF.
Puntos clave: precio y falta de sustento
Sobre el precio de los inmuebles, actualmente bajo propiedad municipal tras una orden judicial, la querella de Hassler asegura que nunca se acreditó un sobreprecio ni un dolo asociado a la compra. El texto subraya que, aunque se discutió políticamente, judicialmente no se pudo probar «la existencia de un dolo asociado a la fijación concertada del precio de compraventa».
La defensa también desestima los otros dos puntos utilizados por el alcalde para su querella: la falta de visado del decreto alcaldicio N°810 y el otorgamiento de un mandato. Sobre esto, los abogados recalcan que el Ministerio Público ya conocía estos hechos desde el inicio y que no constituyen ilícitos penales. Finalmente, se critica que Desbordes no acompañara pruebas concretas en su presentación.
La admisibilidad de esta querella marca un punto de inflexión, dejando la ofensiva judicial del actual municipio bajo el escrutinio del sistema penal. Ahora, la Fiscalía deberá investigar si se cumplen los requisitos del artículo 211 del Código Penal, que sanciona la imputación falsa de delitos, en un caso donde el antecedente de «cosa juzgada» se posiciona como el argumento central de la defensa.
