Justificación tras la polémica
La Corporación Administrativa del Poder Judicial salió al paso de los cuestionamientos sobre la renovación de su flota de vehículos. La institución aseguró que el proceso es una necesidad operativa debido a la crítica antigüedad y el estado de los automóviles que actualmente se encuentran en servicio.
Según explicaron, el parque automotriz presenta unidades con más de 14 y 12 años de uso, lo que ha provocado múltiples fallas mecánicas derivadas del desgaste acumulado. Esta situación ha derivado en un “aumento sostenido y creciente de los gastos destinados a reparaciones y mantenciones, afectando directamente la eficiencia en el uso de la administración de los recursos”, detalló el organismo en una declaración oficial.
Plan gradual y criterios de seguridad
Ante la actual situación económica del Estado, la entidad aclaró que no se trata de una renovación total inmediata. La solicitud contempla un proceso gradual extendido a cuatro años, dando prioridad en esta primera etapa a los vehículos utilizados por los presidentes de las Cortes de Apelaciones del país.
Además de la eficiencia financiera, la institución puso énfasis en el factor de seguridad:
“Considerando la confiabilidad operativa que estos requieren, ya que se encuentran destinados al traslado de autoridades y al cumplimiento de funciones institucionales”
, es fundamental contar con móviles en óptimas condiciones para el desempeño de los altos cargos judiciales.
Marco normativo y transparencia
Respecto a la legalidad de la compra, el Poder Judicial afirmó que el proceso cumple estrictamente con el instructivo sobre el buen uso de recursos fiscales. En específico, se rigen por lo dispuesto en el Oficio GAB. PRES. N° 1 del 22 de enero de 2024, el cual autoriza la renovación de vehículos que superen los ocho años de antigüedad.
Los datos institucionales revelan que un 92% de la flota actual supera dicho límite de años, por lo que la medida se ajusta a los estándares del sector público. Para garantizar la transparencia, las nuevas adquisiciones serán licitadas a través de Mercado Público, buscando siempre la mejor relación entre precio y calidad bajo criterios de austeridad.
Finalmente, se informó que la planificación de recursos para los años 2026 y 2027 excluye explícitamente la renovación de vehículos para la Corte Suprema. El objetivo de esta decisión es priorizar las necesidades de las Cortes de Apelaciones en regiones, fomentando así una estrategia de descentralización en la asignación de los recursos institucionales.
