La tensión entre el oficialismo y el exmandatario Gabriel Boric alcanzó un nuevo punto tras los embargos a las cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, salió al paso de las críticas realizadas por el expresidente y exigió separar las aguas respecto al actuar de la Tesorería General de la República.
¿Por qué el Gobierno está embargando cuentas por deudas del CAE?
El secretario de Estado fue enfático en aclarar que la acción de la Tesorería se ajusta estrictamente a las facultades legales que posee el organismo para recuperar recursos públicos. Claudio Alvarado precisó que el foco está puesto en personas con altos ingresos que han mantenido una morosidad persistente:
El Estado está en legítimo derecho a recuperar plata que corresponde a todos los chilenos, mediante el embargo de cuentas corrientes a personas que tienen ingresos superiores a 3 millones y medio y algunos más de 5 millones de pesos, y que nunca se han acercado a reprogramar sus deudas.
Ante la acusación de Gabriel Boric, quien calificó de contradictoria la postura del oficialismo —al oponerse a la apertura de información bancaria pero ejecutar estos embargos—, Alvarado pidió responsabilidad en el debate público. El vocero instó al exjefe de Estado a no mezclar temas distintos y le recordó su gestión previa.
La promesa incumplida de la condonación
El ministro vinculó directamente la actual morosidad con la narrativa instalada por la administración anterior. Según Alvarado, el anuncio de una condonación general del CAE durante el gobierno de Boric tuvo efectos concretos en el comportamiento de pago de miles de ciudadanos.
“Obviamente, cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice: dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, sentenció el titular de Interior. El ministro evitó calificar los juicios de valor de Boric, limitándose a defender el carácter serio y responsable de la actual gestión para recuperar fondos que, sostiene, pertenecen a todos los chilenos.
Por ahora, la postura del Ejecutivo es mantener las acciones legales contra los deudores de altos ingresos mientras el debate parlamentario sobre la sostenibilidad del sistema financiero educativo sigue abierto. ¿Es esta la estrategia definitiva para reducir la cartera vencida del CAE o se profundizará el conflicto político tras este nuevo intercambio de declaraciones?
