La acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha tomado un nuevo giro tras la confirmación de que el reconocido constitucionalista Patricio Zapata encabezará su defensa jurídica en el Congreso. La medida, que ha generado un intenso debate técnico y político, busca establecer responsabilidades administrativas sobre el manejo de las arcas fiscales durante su gestión.
El libelo acusatorio, respaldado por diez firmas de diputados pertenecientes a bancadas libertarias, republicanas, de Renovación Nacional, del Partido de la Gente y del Partido Social Cristiano, se divide en cuatro capítulos específicos. Los argumentos de los parlamentarios apuntan a supuestas irregularidades en las proyecciones fiscales, omisiones de compromisos de gasto, inconsistencias en los registros de deuda pública y eventuales faltas a las reglas de responsabilidad fiscal.
La postura de la defensa ante la AC
Ante este escenario, Patricio Zapata fue enfático al cuestionar los fundamentos de la acción parlamentaria. Según el jurista, el recurso carece de los sustentos técnicos necesarios para prosperar, argumentando que las diferencias metodológicas sobre proyecciones macroeconómicas no constituyen una infracción constitucional.
«Tenemos plena convicción de que esta acusación carece de los fundamentos jurídicos y técnicos necesarios para prosperar. Una acusación constitucional exige demostrar una infracción a la Constitución o las leyes, no una diferencia de criterio sobre supuestos macroeconómicos. Llevar esa discusión al terreno de una acusación constitucional es un uso desproporcionado de un instrumento institucional muy serio»
El abogado profundizó en las consecuencias que este proceso podría tener para el prestigio institucional del Ministerio de Hacienda. Según advirtió, el impacto trasciende la figura de Nicolás Grau, afectando el rigor técnico que ha caracterizado a la cartera desde la gestión de Rengifo en adelante.
Riesgos para la institucionalidad fiscal
La defensa advierte que aprobar una acusación basada en divergencias de criterio técnico debilitaría peligrosamente el rol de los futuros ministros del ramo. La estrategia del exsecretario de Estado será colaborar con todas las instancias pertinentes para validar sus proyecciones.
A través de un comunicado, la defensa señaló: «Si se aprobara una acusación como esta, se debilitaría tremendamente el ejercicio de los ministros de Hacienda en lo sucesivo, los que podrían ser acusados constitucionalmente frente a cualquier diferencia metodológica o por el hecho de haberse verificado cambios de las mayorías políticas en el Congreso». Por ahora, el exministro se prepara para aportar la documentación que respalde la transparencia y corrección técnica de su mandato mientras el Congreso se alista para iniciar la tramitación del libelo.
