Crisis judicial en Francia tras el asesinato de Lyhanna
Una ola de indignación sacude a Francia tras el brutal asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto homicida permanecía en libertad pese a enfrentar denuncias previas por abuso sexual. Este caso ha puesto en jaque al sistema judicial francés, provocando masivas protestas en ciudades como París, Marsella, Lyon y Burdeos, donde los ciudadanos se han congregado frente a los tribunales, según consignó Le Figaro.
Ante la presión pública, el ministro de justicia, Gérald Darmanin, descartó de plano presentar su renuncia este lunes. El secretario de Estado se comprometió a esclarecer la totalidad de los fallos institucionales, calificando lo ocurrido como “extremadamente grave”. El crimen ha reabierto un intenso debate sobre la nula protección de los menores víctimas de violencia sexual en el país europeo.
El descontento social y la voz de las víctimas
La sociedad civil no ha guardado silencio. Caroline, integrante de la ONG feminista AG-33, expresó durante una de las manifestaciones el dolor compartido por miles de franceses:
“Estamos acá para mostrar nuestro total apoyo a la familia de Lyhanna. Las cosas tienen que cambiar y hay que escuchar a los niños. 160.000 niños al año son víctimas de violencia sexual. Las denuncias son numerosas, pero con demasiada frecuencia se desestiman”
La activista fue enfática al señalar que esta tragedia es consecuencia de un “desastre judicial”. Según testimonios de los manifestantes, el sistema de protección infantil en Francia se encuentra en una situación crítica, con servicios que carecen del apoyo necesario para resguardar a los menores.
Promesas del gobierno ante fallos sistemáticos
Durante una rueda de prensa tras reunirse con fiscales generales, Darmanin defendió su continuidad en el cargo argumentando que su responsabilidad política se vería afectada si existieran instrucciones suyas en los errores del caso, lo cual —aseguró— no ocurrió. No obstante, el ministro admitió que el Estado debe hacerse cargo de los errores que derivan en tragedias.
El caso de Lyhanna es particularmente sensible, ya que el agresor acumuló múltiples denuncias que fueron archivadas o gestionadas con negligencia. Darmanin cuestionó directamente la operatividad del sistema:
“Si una niña presenta lesiones compatibles con una violación, un psicólogo considera creíble su relato y aun así se tarda nueve meses en interrogar al sospechoso, me parece legítimo concluir que el servicio público de justicia ha fallado gravemente”
Para abordar esta crisis estructural, el ministro ordenó realizar un inventario exhaustivo de las cerca de 70.000 denuncias vigentes por delitos contra menores. La orden es clara: antes del 14 de julio, los fiscales generales deberán reportar los casos donde las investigaciones no hayan avanzado. El objetivo es determinar si este nivel de impunidad es un fallo aislado o una falla sistémica generalizada en los tribunales franceses.
