La acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue ingresada oficialmente ante la Cámara de Diputados tras una jornada marcada por retrasos y ajustes de última hora. El libelo, impulsado por el Partido Nacional Libertario con respaldo del Partido Republicano, busca cuestionar la gestión del exsecretario de Estado, quien respondió a la arremetida fichando al abogado constitucionalista Patricio Zapata para encabezar su defensa jurídica.
Aunque el ingreso formal estaba programado para las 16:00 horas, el documento llegó a la secretaría de la Cámara pasadas las 18:00 horas. La demora respondió a modificaciones de último minuto en el texto, el cual cuenta con la firma de diez parlamentarios provenientes del Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, Renovación Nacional, Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano.
La batalla por los votos en el Congreso
La viabilidad de esta acusación es ahora el eje central del debate político. El diputado libertario Cristóbal Urruticoechea expresó una «tranquilidad absoluta» respecto a que los apoyos serán suficientes en la cámara baja. El legislador lanzó un desafío directo al Senado, instándolos a abandonar «esa especie de prudencia dormida» en caso de que el proceso avance a la siguiente instancia.
Por su parte, la UDI, a través de su presidente, el diputado Guillermo Ramírez, confirmó que respaldarán el libelo en la sala. Ramírez señaló:
La UDI tomó la decisión de apoyarla porque nosotros recibimos el texto y, por lo tanto, creemos que el Senado tiene que juzgar y, para eso, vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la unidad de la derecha no es total. En Renovación Nacional existen diferencias evidentes; mientras Francisco Orrego firmó el documento, el jefe de bancada Diego Schalper anunció un comité del partido para intentar alinear posturas. A esto se suman las dudas de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien condicionó su voto tras criticar que los impulsores no respaldaran anteriormente una comisión investigadora sobre temas fiscales.
La postura del oficialismo y los próximos pasos
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito calificó la ofensiva como una maniobra injustificada. Brito emplazó a los sectores de oposición argumentando que «por darse un gustito político, siguen haciéndole daño a Chile» y confió en que la acusación sea detenida en el Senado.
Tras este ingreso, el proceso sigue un camino administrativo definido: la Cámara deberá sortear a los cinco diputados que integrarán la comisión revisora. Posteriormente, Nicolás Grau será notificado formalmente para presentar sus descargos. Todo indica que esta batalla legislativa se extenderá en una tramitación que podría culminar recién en julio, momento en el cual el Senado deberá dirimir la responsabilidad política del exministro.
