El origen de la arremetida parlamentaria
Un grupo de diputados formalizó este lunes la anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La acción legal busca fiscalizar la gestión económica realizada durante la administración del presidente Gabriel Boric, señalando presuntas irregularidades en el manejo de las cifras fiscales mientras Grau estuvo a la cabeza de la cartera. De prosperar el libelo, el exsecretario de Estado podría enfrentar una sanción que le impediría ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
¿En qué se basa la acusación?
El texto del libelo sostiene que existió una «subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026». Además, se alega que el exministro omitió presiones de gasto vigentes y presentó inconsistencias graves en las proyecciones de deuda pública. Según los firmantes, esto contraviene directamente la Ley de Administración Financiera del Estado.
El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, fue uno de los principales impulsores de la iniciativa. El parlamentario denunció que se presentó un informe financiero «maquillado e inconsistente», advirtiendo que instituciones como el Consejo Autónomo Fiscal, el FMI y la propia DIPRES ya habían levantado alertas. «Violó la Ley de Administración Financiera del Estado, al presentar un informe donde el déficit y la deuda no calzan, obviando más de 10 mil millones de dólares», enfatizó Urruticoechea.
El impacto financiero según los diputados
Dentro de los argumentos expuestos, el legislador señaló que se ignoraron «más de 8 millones de dólares en reajustes del sector público», contraviniendo el principio básico de que todo gasto debe estar debidamente financiado. Asimismo, se cuestionó que no se incorporara el informe de mediano plazo junto a la Ley de Presupuestos 2026, lo que, a juicio de los acusadores, implicaría una subestimación de un punto del PIB, equivalente a unos 4 mil millones de dólares.
Por su parte, el diputado Benjamín Moreno, representante del Partido Republicano, justificó el respaldo de su bancada indicando que «quien las hace, las paga». Moreno calificó las falencias detectadas como «horrores financieros» que impactan negativamente en la calidad de vida de los chilenos. En la misma línea, el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, atribuyó la actual situación económica a la herencia del gobierno anterior, señalando que «alguien tiene que pagar» por la gestión realizada durante los cuatro años previos.
